La Contraloría Distrital de Medellín le pone lupa a un contrato de $17.140 millones, suscrito en 2022 para actividades de gestión catastral en la ciudad y sobre el que pesan varios cuestionamientos por presuntas irregularidades, tanto en la etapa precontractual como en su ejecución, lo que incluso generó que la administración abriera un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos. Muchos opinan que esto influyó en las inconsistencias que han denunciado ciudadanos por elevados incrementos en el impuesto predial.
El mencionado contrato es el 4600094006 de 2022, que suscribieron la Secretaría de Gestión y Control Territorial y la empresa Grupo TX SAS, por un plazo de 11 meses, entre el 4 de febrero y el 31 de diciembre de ese año, según la información que reposa en la plataforma de contratación estatal Secop II.
Este se dividió en dos fondos, uno de $1.830 millones para el inventario de bienes inmuebles del municipio y otro de $15.310 millones para “prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar la planeación, seguimiento y ejecución de la gestión catastral, estratificación, homologación de bases de datos, con enfoque multipropósito”.
El segundo es el que ha generado las indagaciones de la Contraloría, que lo incluyó como parte de la muestra en la auditoría financiera del Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial, que se finaliza este segundo semestre, luego de que así lo solicitara la concejala del Centro Democrático Leticia Orrego, quien hizo debate de control político sobre este tema a finales de julio pasado.
¿Fallas desde estudios previos?
El primer punto de la discordia y que la concejala pide que se investigue es si en este contrato entregado en modalidad directa se cumplieron todos los principios de contratación estatal. Mientras que la secretaría ha afirmado que se hizo un proceso apegado a la ley, hay algunas situaciones que dejan dudas y que son las que la Contraloría debe desenredar.
Una de ellas es que el contrato se inició el 4 de febrero de 2022, pero el 26 de abril, casi tres meses después de adjudicado, se cargó al Secop un anexo técnico a los estudios previos, que se supone deben hacerse en la etapa precontractual. Los estudios previos, explicó la concejala, no especificaban ni el detalle ni la cantidad de las actividades y metas que se esperaban del contratista quien, aún así, en su propuesta económica hablaba de ejecutar 29.000 trámites relacionados con la gestión catastral.
Esto quedó en evidencia en un informe interno presentado por líderes de Catastro de la alcaldía, el 16 de septiembre de 2022, en el que aseguraron que desde febrero habían advertido que el contrato no estaba cuantificando productos a entregar y que ello solo se hizo en la propuesta económica con los 29.000 trámites.
“Esto es relevante porque se deben determinar cuántos trámites del proceso de conservación se van a atender, cuántas matrículas abarcarán tanto el censo como el precenso en las comunas y corregimientos a actualizar y cuántos trámites de nomenclatura y estratificación se atenderán con sus respectivos recursos administrativos”, dijeron los líderes en su momento.
Lo cierto es que en el mencionado anexo técnico a los estudios previos las actividades se incorporaron de forma discriminada: “11.477 trámites de conservación catastral gestionados; 3.500 trámites en el proceso de actualización catastral gestionados de las comunas Robledo (7) y San Javier (13) y los corregimientos de San Cristóbal (60), Altavista (70) y San Antonio de Prado (80); 6.500 trámites de nomenclatura residencial; 5.023 de coberturas, estratificación y homologación; y 2.500 de servicio de estratificación socioeconómica”.
Para Orrego, esto sería muestra de que no hubo suficiente rigurosidad en la etapa precontractual, al tiempo que criticó que este se entregara de forma directa, cuando por su magnitud era ideal y posible la participación de más oferentes. “No existen estudios previos rigurosos que contemplaran el grado de dificultad de los trámites y actividades catastrales a las que se comprometería el contratista, lo que hizo que se dedicara a las actividades de mayor utilidad económica, en perjuicio de la comunidad”, expresó.
En respuesta a este medio, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial señalaron que las especificaciones ya se encontraban planteadas desde los estudios previos y que también están establecidas en el contrato, en la cláusula de obligaciones especiales del contratista, “aclarando que la firma de dicho contrato se hizo de manera bilateral y con pleno conocimiento de las partes de las obligaciones contenidas en el mismo”.
Además, agregaron que sobre el contrato de prestación de servicios no hay duda alguna de su legalidad, pues la ley faculta la contratación directa para este caso y que esta modalidad no viola en sí misma el principio de transparencia. Ya habían dicho en respuesta al debate de control que el contratista se escogió bajo “criterios objetivos que dan cuenta de su idoneidad y capacidad operativa para cumplir el objeto contractual”, los cuales fueron verificados.
Pero ello no guarda coherencia con las falencias que se evidencian en el proceso cargado en el Secop. Se estableció que el contrato se cancelaría con pagos mensuales parciales que estaban sujetos a la entrega y aprobación de los informes de ejecución por parte del contratista. Un primer pago sería por $1.939 millones y otros nueve hasta por $1.689 millones cada uno. Cada mes, hasta mayo, los pagos se efectuaron con normalidad, tras verificar y aprobar los informes del contratista, pese a que líderes catastrales seguían haciendo alertas diversas.
Entre estas alertas, que se hicieron en comités y vía correo electrónico, según un informe del Secop, estaban algunos como que el acta de inicio se suscribió sin que que el contratista cumpliera con la presentación del plan operativo para ejecutar el contrato; que hubo retrasos para disponer de medio de transporte para gestionar el contrato; que se “obligaba al contratista a mantener renovada la base de datos catastral con las incorporaciones de los cambios presentados en los elementos físicos, jurídicos y económicos de los predios”, cuando esa es una “obligación propia del Distrito”; etc.
Suspendieron los pagos
Llama la atención que en el informe de los líderes indicaron que el secretario de despacho de ese entonces Carlos Mario Montoya, habría presuntamente manifestado que frente al tema del Grupo TX asumiría la responsabilidad de creer que el proceso estaba bien y que de pronto no hubo la suficiente concertación o comunicación.
En el documento, también plantearon que “ni en el estudio previo o el contrato ni en la propuesta económica se establecieron claramente los perfiles indicados para desempeñar la labor, por lo que el contratista quedó en total libertad para contratar los perfiles que a bien tenga”, lo que habría contribuido a los retrasos generados.
Para junio, la supervisión desaprobó el pago, porque el contratista no estaba al día “en la ejecución física en el total de los componentes del contrato acorde al porcentaje de ejecución financiera”. Asimismo, se tuvo que crear un plan de descongestión para marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.
Los líderes de Catastro contaron en el informe que de forma reiterada se hablaba de la necesidad de tener personal suficiente e idóneo para ejecutar el contrato y se criticaba la negativa de permitir el acceso a las hojas de vida del que había. Entre alerta y alerta, llegaron a decir que se estaba “trabajando sin una carta de navegación”.
No obstante, en el debate de control político la secretaria Andrea Salazar sostuvo que para este contrato se analizaron los perfiles de quienes estaban ejecutando las actividades. Aún así, tal como confirmaron desde la Alcaldía, el 30 de septiembre se abrió un requerimiento a TX SAS por presunto incumplimiento y le pidieron presentar un plan de mejora, que llamaron “plan de choque”, de modo que se pudiera cumplir el 100% de actividades antes del 31 de diciembre.
En medio de este caos hubo cambio de secretario, pasando de Carlos Mario Montoya, quien renunció, a Andrea Salazar, actual titular, quien fue la que solicitó, cuando fungía como secretaria encargada, el informe que los líderes de apoyo presentaron el 16 de septiembre, en el que dieron cuenta de las múltiples alertas que habían hecho.
Así pues, ella llegó cuando los pagos estaban suspendidos y se argumentó la necesidad de hacer la primera modificación que tuvo este contrato y que fue aprobada el 28 de noviembre de 2022: cambiar el método de pago, pues ahora no podían ser pagos iguales ante el presunto incumplimiento del contratista, sino proporcionales a la ejecución física del contrato, es decir, pagar por lo realmente terminado. En octubre, por ejemplo, se aprobó un pago correspondiente a agosto solo por $90 millones.
La segunda modificación al proceso fue aprobada el 16 de diciembre, 15 días antes de la terminación del contrato establecida en el cronograma. Esta consistió en cambiar una obligación contractual relacionada con construir y entregar un modelo de mapeo tridimensional de algunos sectores priorizados, para lo cual se requería el uso de drones. Pero, desde el 7 de octubre, en respuesta al requerimiento por presunto incumplimiento, TX SAS ya había manifestado que tenía dificultades para cumplir esas actividades por causa de las lluvias.
Para Orrego, esto demostraría que esa segunda modificación se hizo en diciembre para “ayudar” al contratista a que cumpliera el contrato. La concejala cuestiona que no se haya buscado el apoyo de los 11 líderes de carrera que tiene la secretaría, con suficientes conocimientos en catastro, durante la etapa de estudios previos. Así lo dejaron saber ellos mismos en un documento que reposa en el Secop, en el que indicaron que nunca fueron citados a los comités de contratación, excepto el 14 de septiembre.
¿Afectó a la comunidad?
Finalmente, indicó la secretaria Salazar en el debate de control político, se pagaron 24.997 trámites del total contratados, debido a que los restantes no se ejecutaron. Del valor de $15.310 millones se ejecutaron $12.204 millones al corte de la terminación del contrato, informaron desde la Alcaldía. Además, se da cuenta de una ejecución del 79,72% en el último informe cargado al Secop, con fecha del 2 de junio, mismo en el que se pidió activar las pólizas de las aseguradoras e iniciar el proceso sancionatorio.
Sobre este proceso, desde la administración manifestaron que, a la fecha, está “en etapa de decreto de pruebas por las partes y la reanudación de la audiencia para practicar las mismas tiene fecha del 7 de septiembre de 2023”.
Orrego espera que estas y otras presuntas irregularidades se esclarezcan. Mencionó, por ejemplo, que se habrían incorporado recursos de destinación específica como recursos ordinarios, lo que la secretaria negó. Y también espera que se determine si el contratista habría cobrado $353.000 por un trámite que costaría $6.700. Para la secretaria, según dijo en el debate de control, no hubo falta de planeación y solo se pagaron los trámites cumplidos y aprobados. Además, justificó que 29.000 trámites “son imposibles” de cumplir en ese tiempo y con esa capacidad.
Aunque Salazar diga que se hicieron los análisis de idoneidad del contratista, el 28 de septiembre había recibido un correo en el que un líder de programa de la alcaldía se negó a asumir la titularidad de la supervisión al contrato, entre otras cosas por prevenciones con el contratista.
La Contraloría informó que en octubre de 2022 se había incluido el mencionado contrato en el seguimiento de vigilancia fiscal, para lo cual solicitaron información a la Secretaría de Gestión y Control Territorial y tras analizarla comprobaron que había retraso en la ejecución física versus la financiera.
Sin embargo, no pudieron “encontrar elementos suficientes para determinar las presuntas irregularidades” (...) “vale aclarar que el contrato todavía se encontraba en ejecución”, dijeron. Pero, como ya se mencionó, tras la solicitud de Orrego, analizarán de nuevo el tema y pronto entregarían hallazgos.
Orrego y varios ciudadanos están convencidos de que todas las presuntas irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato tienen relación directa con las inconsistencias en la actualización catastral de la ciudad, lo que ha causado muchos problemas a habitantes, principalmente de corregimientos como San Cristóbal y San Antonio de Prado, en donde se han registrado incrementos en el impuesto predial de hasta el 2.700% y el 1.700%, respectivamente. Eso los tiene en medio de la incertidumbre, pues muchos son campesinos o de familias vulnerables que no pueden pagar sumas tan elevadas.
Podría tener sentido que en estos lugares se vivan esas quejas. La secretaria Salazar dijo que en 2022, año del contrato, se hizo la actualización catastral en las comunas 7, Robledo, y 13, San Javier, así como en los corregimientos Altavista, San Cristóbal y San Antonio de Prado. La funcionaria señaló que en ejecución de ese contrato se incorporaron 3.099 predios nuevos ese año y que este 2023 cerrará con el 100% de dicho proceso que se adelanta actualmente en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla Doce de octubre, Villa Hermosa y el corregimiento San Sebastián de Palmitas.
Desde la Alcaldía indicaron que la actualización catastral, en lo que tiene que ver con el aspecto económico, “implica ajustar las disparidades que tenga el avalúo catastral de cada inmueble con respecto al valor comercial de este y según la dinámica del mercado inmobiliario, siempre teniendo en cuenta que el valor catastral debe estar entre el 60% y el 100% del valor comercial de la propiedad”.
Salazar aseguró que con esta actualización se tendrá clara la realidad del territorio y cuáles son sus usos. No piensan lo mismo algunos ciudadanos, quienes han dicho que la actualización catastral no tuvo en cuenta la vocación y dinámicas propias de las zonas rurales ni la realidad social y económica de las familias, por lo cual se establecieron impuestos prediales que sobrepasan la capacidad de muchos que hoy temen que eso termine expulsándolos de sus tierras.
