Las diferencias con relación a Hidroituango entre los dos principales socios del proyecto hidroeléctrico, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, cada vez se profundizan más. El gobernador, Aníbal Gaviria anunció una nueva demanda contra la empresa de servicios públicos por lo que considera otro incumplimiento a las metas de construcción del principal complejo energético que se construye en el país.
En este caso se trata del hito 10 que tiene que ver con la entrada en operación de la unidad 8 de generación, que según el contrato marco o contrato Boomt debía ocurrir “a más tardar el 24 de junio de 2022”. Hechas las cuentas así, querría decir que hoy día hay un retraso de casi 15 meses.
Ante la confrontación que se ha presentado entre las dos instancias a raíz del manejo que el alcalde Daniel Quintero y las directivas de EPM le han dado al proyecto, el 17 de julio pasado, Gaviria le había mandado una carta al gerente general de EPM, Jorge Carrillo, proponiendo tres caminos, siendo el tercero, dirimir el pleito en los tribunales, como ahora lo plantea.
La primera era que EPM cediera a la Gobernación las acciones que posee en la sociedad Hidroituango y le devuelva la operación del proyecto, a cambio de que la administración departamental y el Idea desistieran de las demandas que actualmente cursan en un tribunal de arbitramento y de otras posibles de manera posterior.
La segunda era buscar el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para buscar una conciliación.
“De la respuesta emitida por la Gerencia de EPM entendemos que las dos primeras alternativas no fueron aceptadas y ni siquiera seriamente atendidas, por lo cual nos vemos obligados a avanzar, muy a nuestro pesar, en el tercer punto, siempre con el ánimo de defensa de lo público y de los intereses de Medellín y Antioquia, que deben ser armónicos y convergentes con los intereses del país”, dice la nueva carta de Gaviria a Carrillo, con fecha de este 12 de septiembre.
El contrato Boomt (por su sigla en inglés), firmado en marzo de 2011, le entregó a EPM la construcción, búsqueda de financiación, operación, mantenimiento y manejo del complejo durante 50 años y establece el arbitramento para dormir controversias contractuales.
Allí se definieron 10 hitos con fechas claves en la ejecución de la hidroeléctrica, que debían ser cumplidos por EPM y en caso de no hacerlo, esta se vería sometida a una reclamación económica.
Los seis primeros se cumplieron entre 2013 y 2016, mientras que los restantes no se chequearon en las fechas pactadas y están actualmente en disputa de arbitraje.
Las pretensiones de la sociedad Hidroituango, es decir, las reclamaciones de la Gobernación y el Idea, alcanzan actualmente $1,2 billones, pero el gobernador Gaviria ha dicho que incluso estas podrían llegar a los $3 billones en 2027.
