Cada día, en los últimos cuatro años, más de tres personas desplazadas de sus casas, de sus barrios que habitaban en Medellín, por cuenta de grupos criminales y las dinámicas de violencia en la ciudad.
Así lo reveló la Personería, que señaló que entre 2020 y 2023 hubo más de 5.000 personas en la ciudad víctimas de desplazamiento intraurbano. En 2021 se reportaron 1.492 casos, en 2022 1.539 y en 2023 en total fueron 1.489 personas.
De acuerdo con Jhon Daive Jaramillo, personero delegado para temas relacionados con desplazamiento, entre las causas de estos desplazamientos están, en gran medida, los grupos y bandas criminales, responsables, pero también casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. El 60% de los desplazados son víctimas de grupos delincuenciales.
Las comunas con mayor desplazamiento intraurbano son, en orden, San Javier, Robledo, Villa Hermosa, Popular y Manrique. También figuran Belén y San Cristóbal.
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En la última década, más de 70.000 personas han sido desplazadas en la capital antioqueña, teniendo su pico más crítico en 2013, con más de 13.000 casos. Sin embargo, hay un fenómeno en particular que preocupa a las autoridades y es el aumento del desplazamiento causado por la violencia sexual, no solo a manos de cónyuges o exparejas, sino de los criminales que se creen dueños de vastos territorios de la ciudad y ejercen la violencia sexual contra mujeres como un “arma” de control y miedo, en un área metropolitana que alberga a 350 de estos grupos armados.
Los delitos que imperan son los actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. En la mayoría de hechos, los verdugos son “desconocidos”. El problema es al alto subregistro por el temor de las víctimas a denunciar.
Las autoridades piden a las mujeres víctimas de este flagelo contactar a las autoridades y solicitar ayuda, a través, por ejemplo de la línea 123 Mujer, o buscar organizaciones especializadas en atención de este tipo de violencias, como la organización Ave Fénix. No obstante, la propia Personería señala que la capacidad institucional para responder ante la cantidad de casos es limitada y también llamó la atención por la falta de capacitación de las autoridades, incluyendo policías, que muchas veces frente a estos casos terminan causando revictimizaciones.
