El Tribunal Administrativo de Antioquia multó a la Alcaldía de Medellín y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por incumplir un fallo emitido desde 2022 en el que se le ordenaba a ambas entidades formular un plan integral para atender la crisis de habitantes de calle que se vive desde hace más de seis años en la carrera Cúcuta.
Pese a que el fallo había sido proferido en el cuatrienio pasado, en la decisión emitida el pasado 10 abril fueron vinculados tanto el alcalde Federico Gutiérrez como quien hasta hace poco fuera el director regional del Icbf, Jorge Iván Montoya Vélez, a quienes se les impuso una multa de tres salarios mínimos mensuales.
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Al ser consultada sobre el tema, la Alcaldía se señaló que las implicaciones de la decisión se estarían revisando con miras interponer recursos en su contra.
Las claves del fallo
El pulso por la situación con los habitantes de calle en la carrera Cúcuta se remonta a la madrugada del 29 de agosto de 2018, fecha en la que cerca de 800 agentes de la Policía y funcionarios del Municipio realizaron un megaoperativo en la Avenida de Greiff, desalojando un asentamiento de más de 500 personas en situación de calle.
Aunque en la intervención se capturó al presunto jefe de un grupo criminal con presencia en esa zona y se inició un proceso de extinción de dominio a 34 inmuebles avaluados de $12.000 millones, el efecto colateral de la misma fue que el grueso de los habitantes de calle se desplazaron un par de cuadras más adentro y dieron origen a otra “olla”.
El nuevo asentamiento se concentró en inmediaciones del barrio Estación Villa, sobre la carrera Cúcuta (54), entre las calles Juanambú (54) y La Paz (57).
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En dicha zona funcionaban varias litografías y establecimientos comerciales, que ante la aparición de dicho asentamiento empezaron a quebrarse.
De igual manera, algunos comerciantes denunciaron sufrir amenazas y problemas de seguridad.
En medio de esa situación, un grupo de afectados se unió e interpuso una acción popular, logrando que un juzgado emitiera unas medidas cautelares ordenándole a las autoridades tomar medidas urgentes para que la zona regresara a la normalidad y se frenara el expendio de drogas y se atendieran a niños vulnerables y explotados sexualmente.
El pulso judicial se volvió de largo aliento y llegó hasta el Tribunal Administrativo de Antioquia, que el 10 de mayo de 2022 emitió una sentencia en la que ordenó a la Alcaldía de Medellín, el Icbf, la Fiscalía, la Policía y Emvarias intervenir la zona de manera integral y conjunta.
A raíz de que dicha “olla” siguió operando pese a los planes ordenados a todas esas entidades, los comerciantes interpusieron nuevas acciones, esta vez señalando un presunto incumplimiento.
Tras abrir un incidente por desacato, el Tribunal requirió a todas las entidades involucradas para que rindieran informes de sus gestiones y demostraran si se había formulado un plan integral de intervención.
En el caso de la Policía y la Fiscalía, ambas entidades le entregaron al tribunal informes en los que argumentaron que se estaban realizando operativos para afectar a las estructuras criminales que operan en la zona.
Mientras la Policía señaló patrullar constantemente el lugar y desarrollar operativos de control y prevención, la Fiscalía argumentó que con corte al 6 de diciembre de 2024 había abierto 407 noticias criminales en el barrio Estación Villa.
La Alcaldía también respondió y aseguró que desde que salió la primera decisión ya había desplegado acciones para cumplir con lo ordenado, ejecutando varias intervenciones de limpieza, atención a personas en situación de calle, entre otras, lideradas por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Inclusión Social.
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Con corte al 6 de marzo, la Alcaldía señaló que allí había hecho unas 4.682 intervenciones y que había atendido unas 1.437 personas
De igual manera, la Alcaldía señaló que el 20 de enero realizó una intervención integral, no solo para decomisar estupefacientes, sino para desmontar cambuches, en un operativo en el que logró derivar a 128 personas a la oferta institucional.
Por su parte, el Icbf señaló haber realizado entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2024 por lo menos 46 intervenciones en la zona para proteger a los niños y aprovechó también para echarle el agua sucia a la Alcaldía, señalando estar a la espera de que esta convocara a un espacio de trabajo exigido por el tribunal para articular acciones entre ambas dependencias.
Fue precisamente por cuenta de la articulación entre instituciones, con miras a crear un plan conjunto, que el tribunal consideró que se había incurrido en un incumplimiento.
Mientras por el lado de la Policía y la Fiscalía los togados señalaron encontrar en regla sus reportes, para el Icbf y la Alcaldía consideraron que tenían dicho espacio de trabajo conjunto pendiente.
“Brilla por su ausencia la participación de las demás entidades accionadas, lo que reitera la omisión por parte del ente territorial de liderar el plan focalizado, pues, no obstante las demás demandadas han manifestado su ánimo de actuar de manera conjunta con el distrito, no obra en el expediente constancia de que este haya procurado una integración entre estas entidades para actuar de manera conjunta y así abordar de manera integral la problemática”, consideró el tribunal.
“No se ha dado cumplimiento al fallo proferido por esta corporación el 10 de mayo de 2022, a pesar que han transcurrido casi 3 años, sin que se brinde una solución articulada y de fondo a la vulneración de derechos colectivos en la zona comprometida entre la carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín. Por tanto, a pesar de que se han adelantado algunas tareas, no se ha dado cumplimiento al fallo emitido en la acción popular”, añadió en sus consideraciones.
La alcaldía responde
Para conocer su posición frente a esa decisión este diario consultó con la administración distrital, desde donde se remitió un pronunciamiento escrito señalando que dicho fallo del 10 de abril estaba siendo revisado con miras a controvertirlo.
“Estamos revisando la decisión con el fin de interponer los recursos correspondientes, toda vez que la Alcaldía ha realizado todos los esfuerzos por acatar las órdenes judiciales, en coordinación con la Fiscalía, la Policía, Emvarias y todas las entidades vinculadas a la problemática del sector”, expresó la Alcaldía, desde donde se señaló que atender el problema es también competencia de varias entidades.
Frente al Icbf, la alcaldía resaltó el llamado de atención consignado allí para esa entidad.
“El Tribunal hace un llamado de atención al Gobierno Nacional, el cual también hemos hecho al ICBF, para que asuma sus obligaciones con la niñez. Incluso, la Procuraduría los ha requerido sin que, hasta el momento, se haya obtenido respuesta. Por lo tanto, la decisión no está en firme y debe ser el Consejo de Estado quien resuelva el asunto. Como siempre lo hemos manifestado, somos respetuosos de las órdenes judiciales y todo lo que esté dentro de la competencia del Distrito de Medellín se acatará, como lo hemos hecho hasta ahora”, añadieron.
