Las mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal siguen viviendo cada día un infierno ante la mirada indolente de todas las autoridades responsables. Al largo listado de denuncias graves conocidas en los últimos meses sobre presuntos casos de abuso sexual y torturas, se suma, nuevamente, una crisis humanitaria por cuenta de la miserable alimentación que están recibiendo más de 1.300 mujeres en el pabellón 14 del centro carcelario.
Según denunciaron, los alimentos que están recibiendo, además de ser totalmente precarios en cantidad – desatendiendo la normativa que establece el gramaje establecido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec), y que no se entregan en los tiempos establecidos– tiene todo tipo de deficiencias sanitarias.
“La comida llega mal preparada, en porciones mínimas y, en ocasiones, a destiempo. No se está garantizando nuestro derecho a una alimentación digna”, fue el testimonio de una de las mujeres afectadas, en medio de la denuncia que realizaron con apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ante la comprobada alimentación nauseabunda que están recibiendo, las mujeres privadas de la libertad pidieron, tal como ya lo habían solicitado los hombres, que les permitan a sus familias el ingreso de alimentación casera para mitigar en algo la crisis que atraviesan. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, también señaló que la atención en salud es crítica y no se están garantizando los tratamientos ni el acceso a medicamentos, lo que agrava la situación de quienes padecen enfermedades crónicas o requieren atención especializada.
Denuncias por abuso sexual y torturas
Las organizaciones de derechos humanos también denunciaron la falta de avances en las investigaciones por presuntos casos de violencia sexual y uso excesivo de la fuerza en la cárcel El Pedregal de Medellín, en hechos que involucran a directivos y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del penal.
En marzo de 2025, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría verificaron el estado de las pesquisas sobre dos presuntos casos de violencia sexual ocurridos en 2024, así como un enfrentamiento entre guardianes y privadas de la libertad el pasado 24 de febrero, donde se habría empleado fuerza desmedida, dejando al menos 30 mujeres heridas, algunas de gravedad.
Como parte de las medidas que se han adoptado, pero que fueron calificadas como pañitos de agua tibia, fue la destitución del subdirector del penal, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como director encargado, así como el traslado del director titular a un cargo similar en la cárcel de Yarumal, Antioquia.
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Los guardianes presuntamente implicados en los casos de violencia sexual quedaron en proceso de traslado a otras prisiones mientras avanzan las investigaciones disciplinarias.
Las víctimas fueron reubicadas en otros centros penitenciarios donde se encuentran “protegidas mientras se adelantan las investigaciones”.
Uno de los casos más graves fue el de una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardianes del Inpec mientras estaba recluida en El Pedregal, donde estuvo detenida por presunto homicidio. Como consecuencia de los abusos sexuales, quedó embarazada.
La mujer fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá como medida de protección. Sin embargo, su embarazo ha sido catalogado de alto riesgo, con múltiples amenazas de aborto, por lo que tuvo que ser inducido el parto en medio de las grandes afectaciones físicas y emocionales que padecía la mujer.
Una comisión de la Procuraduría realizó recientemente una visita de verificación de derechos en El Pedregal, donde encontró que algunas de las mujeres que habían resultado heridas, afectadas con gases lacrimógenos o golpes, no han sido remitidas a centros de salud externos, a pesar de la gravedad de sus lesiones. El pabellón donde tuvo que tener a su hijo, producto de la violación, ni siquiera cuenta con espacio para gestantes.
Después de toda esta serie de denuncias, que se acumulan cada semana, ni el Inpec, ni la Uspec, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia han demostrado avances reales para poner fin a la extensa cadena de violaciones a los derechos humanos que se viven en esta cárcel, como en la mayoría de centros carcelarios del país.
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