Desde una celda de la estación de Policía Candelaria, un hombre denunció que dentro de los calabozos la estructura criminal a la cual pertenecía y por la cual lo condenaron por el delito de concierto para delinquir, y estarían pagando hasta $10 millones por asesinarlo. Sin embargo, desde la Policía Metropolitana indicaron que este hecho no tendría relación con bandas criminales, sino con una situación particular del interno, quien la semana pasada se vio implicada en una riña.
Así se dio a conocer luego de que un hombre hizo la denuncia pública de que miembros de una reconocida estructura delincuencial estaban buscando la manera de acabar con su vida, aprovechando que se encontraban internado en este calabozo, a la espera de ser trasladado a un centro de reclusión del Inpec para cumplir su condena en lugar de estar en el hacinamiento de esta estación policial.
De hecho, esta persona recibió atención médica por cuenta de una riña que se registró en días pasados, incluso siendo trasladado por múltiples heridas producto de las lesiones ocasionadas en el altercado, la cual, según sus denuncias, se habría utilizado como fachada para poder materializar las presuntas intenciones del grupo criminal.
Ante estas denuncias, el primero en alzar la voz fue el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, quien aseguró que, en medio de las investigaciones realizadas se encontró con que no hay evidencia alguna de que se estén haciendo ofrecimientos económicos por parte de las estructuras criminales a miembros de la Policía o a los mismos internos para que asesinen a otros reclusos.
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“En ningún momento se han presentado hechos de este tipo y no hemos evidenciado ofrecimientos económicos. Lo que sí tenemos reportes es de riñas dentro de las estaciones, en medio del hacinamiento de esta población carcelaria, las cuales se han atendido oportunamente, al igual que las personas que han presentado afectaciones médicas o lesiones por diversas circunstancias”, expresó el oficial.
De hecho, la muerte más reciente dentro de una estación de Policía se registró el pasado 20 de octubre en las instalaciones de Envigado, donde a Antonio González, de 53 años, apareció muerto dentro de su calabozo, donde estaba con dos personas más. Este hombre, quien estaba detenido por acto sexual violento, tenía múltiples laceraciones y hematomas, siendo el único caso de este tipo registrado en 2024 dentro de una estación de Policía.
El defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, Jorge Carmona, aseguró que pese a esta crisis carcelaria, no es común que se reporten casos de homicidios o ataques pagos a los internos. “En los casi 12 años de hacinamiento carcelario en estaciones de Policía de Medellín, de Antioquia y del país, este modus operandi no es la constante, debido a que en estos lugares generalmente se pueden encontrar personas que pertenecen a diferentes organizaciones delincuenciales, incluso enfrentadas”, aseguró.
Señaló también que en caso de estar ocurriendo la situación denunciada, esto formaría parte de situaciones puntuales que estaría ocurriendo con este interno, pero esto no forma parte de las problemáticas generales dentro de los calabozos, ya que estas pasan por los problemas de alimentación, la falta de atención a los problemas de salud y las enfermedades constantes que no son atendidas eficientemente.
Sobre las particularidades sobre las que hace mención Carmona, algunos expertos del conflicto armado señalaron que esto ocurre, principalmente, con personas que manejan información sensible que puede comprometer a los máximos cabecillas de un grupo armado puntual. “En algunos casos los disfrazan de riñas o de enfermedades que se terminan comprobando que son envenenamientos”, expresó Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Las denuncias ocurren en la estación con mayor hacinamiento carcelario de Medellín, ya que, según la Personería de Medellín, llega a un hacinamiento del 4.300%, teniendo 308 detenidos que superan su capacidad real, que es de 75 personas que deberían estar a la espera de su judicialización o traslado a una prisión del Inpec, lo que da pie a los altercados y a algunas enfermedades, todo pese al trabajo realizado por la Policía Metropolitana y la Alcaldía para mejorar sus instalaciones para sobrellevar la situación de los procesados.
A nivel general en la ciudad, las cifras de sobrepoblación carcelaria llega al 173% indicando que 2.236 personas se encuentran en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), entre sindicadas y condenadas, cuando la capacidad apenas es de 819 en todas las estaciones del Valle de Aburrá.
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