La rectitud e imparcialidad con las que la Contraloría General de Medellín (CGM) manejó el proceso fiscal por Buen Comienzo quedaron bajo sospecha luego de que la Contraloría General de la República (CGR) decidiera llevarse para Bogotá esa investigación. En una resolución que se conoció el pasado lunes, la CGR cuestionó las actuaciones que el ente local viene realizando en uno de los escándalos que más ha golpeado a la Alcaldía y por el cual la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, está imputada por la Fiscalía.
“(...) teniendo en cuenta la existencia de indicios que cuestionan la imparcialidad de la Contraloría General de Medellín (...), se autorizará el ejercicio de intervención funcional excepcional”, determinó el ente de control nacional.
Aunque en el documento la CGR no profundizó en dichos indicios, el hilo de pistas que arrojan claridades del caso se remonta a febrero de 2021, cuando la Veeduría Todos por Medellín instauró una queja fiscal pidiendo revisar el contrato 4600085185 de 2020.
En dicha acción, la veeduría alertó tener indicios de que aquel convenio, firmado por $16.060 millones y una adición de $4.631 millones, habría dado pie a sobrecostos y otras presuntas irregularidades en la atención a mujeres gestantes y madres lactantes de Buen Comienzo.
Aunque en noviembre de 2021 la Contraloría de Medellín hizo una primera revisión del contrato, alertando por un presunto detrimento patrimonial de casi $2.300 millones, dicha investigación empezó a caminar a paso de tortuga en ese ente municipal. Tan solo hasta el 5 de julio de 2022, medio año después, se ordenó la apertura formal de un proceso de responsabilidad fiscal.
Pese a tener parte del camino ya allanado por cuenta de las primeras pesquisas, la investigación de la Contraloría de Medellín empezó a acumular polvo, a tal punto que primero reventó un proceso penal que adelantaba la Fiscalía por cuenta propia, que despegó el 22 de noviembre de 2022, cuando la entonces secretaria Agudelo fue citada a audiencia de imputación de cargos.
Coincidencialmente, al tiempo que el proceso penal despegó, los engranajes de la Contraloría de Medellín también empezaron a moverse. Por ejemplo, tras otro medio año de ningún movimiento, el contralor auxiliar de Responsabilidad Fiscal de Medellín decidió archivar el proceso en un auto proferido el 11 de enero de 2023, faltando apenas dos semanas para que se realizara la audiencia en la que la Fiscalía le imputaría los cargos a la secretaria Agudelo.
Pese a ser un proceso en teoría independiente, la decisión no fue menor, porque uno de los argumentos de los abogados defensores fue que la Contraloría había archivado su caso fiscal supuestamente por falta de pruebas. Daniel Ramírez, abogado de Henry Paulison Gómez, el exrepresentante de Colombia Avanza, se apoyó en ese hecho para negar los presuntos sobrecostos en los productos de paquetes alimentarios. Sostuvo el abogado que ese fue un hallazgo de la Contraloría tras revisar los contratos, pero que luego lo archivó porque no pudo establecer el promedio del valor de los productos de los paquetes alimentarios.
Por su lado, en la exposición de argumentos sobre por qué no había riesgos para el patrimonio público, Santiago Trespalacios, abogado de la secretaria Agudelo, manifestó que justamente el 11 de enero de este año, por las mismas fechas en la que el investigador de campo de la Fiscalía consolidaba el informe que se tuvo en cuenta para la imputación, la Contraloría de Medellín archivó el procedimiento fiscal. Dijo Trespalacios que el órgano de control tomó esa decisión porque en su concepto no vio necesario recibir versiones libres, ya que estaba probado que no se configuraba responsabilidad fiscal.
Pero las correlaciones no se quedan ahí. Por ejemplo, un día después de que la juez al frente del caso impusiera la medida de casa por cárcel contra la exsecretaria Agudelo, el contralor de Medellín, Pablo Andrés Garcés Vásquez, decidió revocar velozmente el auto inicial en el que se ordenaba archivar el proceso fiscal.
En medio de esa lluvia de decisiones cruzadas, Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Veeduría Todos Por Medellín, cuenta que esa organización ciudadana envió un derecho de petición a la CGM preguntándole por la suerte del proceso fiscal, sin hasta ahora poder conocer las razones de fondo que sustentaron el auto inicial que había archivado el caso. “No tiene sentido esto que ha pasado. Uno lee el informe técnico de Buen Comienzo, que es público, y no puede creer que luego digan que no pasó nada”, expresó Restrepo, refiriéndose al archivo del caso.
Además de esos reparos, en el radar también aparece la relación entre el contralor Garcés Vásquez con el gobierno distrital, que tal como lo registró este diario en marzo de 2020 ha sido cuestionada desde que llegó a su cargo en medio de un caldeado ambiente político, que tuvo su máxima expresión en la acalorada sesión del Concejo que culminó con su elección.
En aquel momento, Garcés resultó electo con 11 votos, en su mayoría provenientes de la coalición del alcalde Quintero.
La Contraloría local se defendió ayer en una comunicación enviada a la Contraloría nacional en la que se mantuvo en haber manejado el caso con rigor y aseguró estar dispuesta a colaborar en las pesquisas de ese último ente, tras acatar la orden de entregar el proceso. El balón quedó ahora en el terreno de la Contraloría nacional, que deberá volver a repasar los expedientes que llevaban casi año y medio guardados en Medellín.
