El concejo de Medellín debatió este lunes 5 de agosto sobre la creación de siete nuevas Comisarías de Familia, una propuesta que iría en la misma línea de lo plasmado en el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez.
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La coordinadora de ponentes, la concejal del Centro Democrático Leticia Orrego, aseguró que esta iniciativa se encuentra fundada en una necesidad del servicio de acuerdo a la Ley 2126 de 2021 que dice que por cada 100 mil habitantes debe existir una Comisaría de Familia que atiendan efectivamente las necesidades de los habitantes. Así que, de acuerdo con la norma, en Medellín debería haber al menos 25 comisarías de familia y no 22 que son las que hay actualmente.
Según la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, entre el 1 de enero de 2019 al 14 de julio de 2024 se han radicado 30.151 procesos de restablecimiento de derechos en las comisarías de familia, 34.344 casos de violencia intrafamiliar y 20.436 solicitudes de intervención en conflictos familiares.
Agregó además que, durante 2024, para el fortalecimiento e intervención de las Comisarías se han realizado 115 intervenciones de Escuadrón de Bienestar, 11 reubicaciones de empleo de nivel asistenciales y 22 creaciones de empleo de profesional universitario para completar equipos interdisciplinarios.
Las siete comisarías de familia estarían distribuidas así: una comisaría de familia móvil, una comisaría de familia adicional de permanencia que cubra la mitad de la ciudad (zona sur) y cinco comisarías de familia zonales; adicionales a las 22 actuales, para un total de 26 comisarías de familia zonales, una comisaría de familia móvil y dos comisarías de permanencia que harán parte de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, indicó en su intervención.
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El costo de los nuevos empleos en las comisarías asciende a $6.144 millones, dineros que saldrán de los recursos de inversión para gastos operativos de las comisarías y de los recursos de la Estampilla para la Justicia Familiar, según explicaron desde la alcaldía.
De acuerdo con otro corporado ponente, Carlos Gutiérrez, las comisarías son claves para atender las necesidades de los ciudadanos y han sido tan solicitadas por muchos de ellos, quienes encuentran allí la primera cara del Estado para enfrentar los problemas en territorio junto con los inspectores y la policía.
A su turno, el cabildante Andrés Tobón, quien también integra la comisión de ponentes, aseveró que las siete nuevas comisarías y los nuevos equipos son un nuevo logro. “Necesitamos que todos los miembros de los equipos estén bien porque la carga que tienen estas personas es muy importante, por eso, en toda la línea presupuestal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia están convencidos de que el sistema de comisarías debe tener uno de los mejores modelos de atención mental y apoyo para que todas estas personas tengan en la calle la mejor capacidad mental posible de atención”, añadió.
Los demás concejales también aseguraron que se requiere mayor control dado que hoy se presentan muchos problemas de convivencia entre vecinos, de construcciones ilegales, espacio público, ruido y sanidad, entre otras, este es un primer paso para fortalecer y ampliar la capacidad institucional y de control en la ciudad. Es necesario ser altamente eficientes para atender las necesidades de la capital antioqueña, puntualizaron. Hay que recordar que los problemas de convivencia son la principal causa de homicidios en la ciudad.
Además, manifestaron que la justicia debe estar al alcance de cada familia para brindar garantías a los derechos de todas las personas que están en riesgo, basados en los tres pilares fundamentales expresados por la administración: convivencia, seguridad y justicia. Bajo la misma línea buscan también mejorar las condiciones laborales y los equipamientos para el personal que labora en las comisarías.
Finalmente, Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia, afirmó que el principal propósito es aumentar y fortalecer el concepto e impacto en la justicia cercana y de cara al ciudadano, además, “incrementar la eficiencia y efectividad de los procesos de restablecimiento de derechos y de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, reducir los tiempos de respuesta y resolución de casos, y recuperar la confianza en las instituciones locales, promoviendo un ambiente de seguridad y convivencia en Medellín”.
