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La Alcaldía escurre el bulto para no cumplir fallos en su contra
Ha optado por poner palos en la rueda a las comunidades que ganaron en la lucha por sus derechos.
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Varias comunidades han padecido las maniobras dilatorias de la administración Quintero para cumplirle a la justicia. FOTOS EL COLOMBIANO -
06 de septiembre de 2023
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En Colombia es normal que los ciudadanos acudan a los mecanismos jurídicos cuando agotaron todas las opciones para intentar que las entidades públicas garanticen sus derechos fundamentales vulnerados. Y también es normal que las entidades públicas pongan a sus equipos de abogados a trabajar a doble marcha buscando la manera de hacerle el quite a los fallos, sobre todo cuando se trata de indemnizaciones millonarias.
Pero el caso de la Alcaldía de Daniel Quintero es particular. Primero porque los fallos que ha burlado no responden a pleitos ni jugosas indemnizaciones que fuesen a volver millonarios a nadie. Fueron simplemente decisiones orientadas a garantizar el derecho a la vida y al hábitat digna de miles de habitantes de la ciudad. Bastaba con poco más que voluntad política y algunos recursos para cumplir con las órdenes. Pero el Distrito decidió desgastar el ya saturado sistema judicial y de paso a las comunidades para luego, agotadas las instancias, intentar vender las obligaciones derivadas de los desacatos como logros de su gestión.
Reseñamos tres casos: el del llamado Bronx, en Cúcuta con Zea; el de la quebrada La Madera, y el de los afectados por la promotora la Cumbre en El Poblado, que dejan en evidencia cómo la decisión de la alcaldía de hacerle el quite a la justicia ha repercutido en el deterioro del territorio y de la calidad de vida de miles de habitantes en Medellín.
16 meses aplicando pañitos de agua tibia en el llamado nuevo bronx
En mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de una acción popular de comerciantes y residentes de la carrera 54 con calles 54, 56 y 57, convertidas en el nuevo Bronx y ocupada por 1.000 consumidores y habitantes de calle.
El Tribunal le dio plazo a la Alcaldía, Fiscalía, Personería, Icbf y Emvarias para que entregaran antes de finalizar junio de 2022 un cronograma de intervención que tenía que dar como resultado en cuatro meses la recuperación total del sector y la reubicación mediante programas con enfoque basado en derechos humanos de la población habitante de calle que convirtió el otrora próspero sector comercial en tierra de nadie y el punto de expendio y consumo a cielo abierto más grande de la ciudad.
Sin embargo, para la parte accionante, desde el principio la estrategia de la Alcaldía ante la orden del juez de entregar resultados parciales fue correr en los días previos a cada plazo a realizar acciones superficiales (limpieza de calles, decomiso de dosis de droga) para mostrarlos mediante comunicado ante la opinión pública y entregarlos como “prueba” al juez, sin ejecutar realmente los planes de fondo para recuperar el sector.
La prioridad del Distrito, tal como quedó claro en su respuesta al Tribunal hace dos meses en la audiencia de incidente de desacato, era que el fallo se cayera y así pudiera librarse de dicha responsabilidad. “El Distrito está a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia”, fue su respuesta.
Hace dos semanas al juez se le agotó la paciencia y sancionó al alcalde Daniel Quintero; la secretaria de Inclusión Social, Isabel Cristina Cadavid Álvarez, y la coordinadora regional del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Yolanda Ciro con una multa de tres salarios mínimos cada uno por desacatar el fallo.
Carlos Sánchez, un comerciantes que terminó desplazado y tuvo que cerrar su negocio, dice que el incumplimiento salta a la vista. Hoy, señala, el panorama es más crítico, hay mayor inseguridad y menos esperanza de recuperar el sector que hace 16 meses.
LE ESCURRIÓ EL BULTO A UNOS SIMPLES ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
Este caso, según lo ha expresado el juez en sus pronunciamientos, refleja como ningún otro la falta de voluntad de la Alcaldía de Quintero para atender una problemática social con una solución que implicaba pocos recursos.
El proceso se remonta a 2018 cuando la Promotora La Cumbre S.A. desarrollaba un proyecto urbanístico en el sector La Calera y debía construir una conexión vial entre las carreras 15 y 16 conectada con la calle 6 A que diera salida a la Loma del Chocho, cerca a la unidad Alto Verde.
La comunidad perdió la tranquilidad porque en ese mismo sector, diez años atrás, un deslizamiento causó la tragedia en la que doce personas murieron y seis casas quedaron destruidas. Así que interpusieron una acción popular para exigirle a La Cumbre, a la Alcaldía y EPM que adelantaran los estudios necesarios para garantizar que esta vía no causaría riesgos similares al ocurrido en 2008, teniendo en cuenta los riesgos geológicos de la zona.
En mayo de 2019 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín falló a favor de la comunidad y les ordenó en un plazo de dos meses adelantar los estudios geotécnicos para determinar la estabilidad de la zona y las obras necesarias para el aforo de carros que recibiría.
El Tribunal Administrativo de Antioquia falló en segunda instancia en agosto de 2020, desde entonces las comunidades esperaban que el Distrito atendiera con urgencia el asunto. Pero la alcaldía sacó el repertorio de maniobras dilatorias para evitar cumplir. En septiembre pasado el juez resolvió el incidente de desacato y concluyó que “el municipio de Medellín ha oscilado en respuestas francamente evasivas para cumplir el fallo, desde la respuesta dada el 28 de junio de 2021 en la que se solicita plazo para que el equipo del Dagrd pueda hacer la verificación técnica y de campo, en aras de remitir un informe al Despacho, hasta la última respuesta del 02 de agosto de 2022 en que solicita que se le informe el lugar donde deben realizar la intervención”, concluye.
El alcalde y la representante legal de la Promotora fueron multados con $15 millones. Finalmente, tres años después de haber quedado en firme, la alcaldía señaló que adelantó el estudio geotécnico que le exigían.
Ómar Vásquez, uno de los residentes afectados, dice que es desconcertante que la alcaldía decidiera poner en vilo durante años a la comunidad para facilitar unos estudios que además le sirven al Distrito para planificar mejor ese sector de la ciudad, conocido por su inestabilidad geológica. “Ni siquiera debió surtirse un proceso judicial para esto, la alcaldía tendría que tener microzonificados los riesgos del sector. Eso es hacer ecociudad”.
Ni siquiera cuatro desacatos han sido suficientes en La Madera
Un proceso judicial que comenzaron en 2019 los habitantes de los barrios Florencia, Santander y Barrio Nuevo en la frontera entre Medellín y Bello terminó con el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que determinó el 27 de agosto de 2021 que las alcaldías de Medellín y Bello “vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, prevención de desastres y el ambiente sano de los residentes de la franja de la quebrada La Madera”.
Fue el logro a 20 años de lucha de los habitantes para reclamar obras de mitigación en la quebrada que ha causado decenas de estragos y emergencias poniendo en riesgo la vida de los habitantes y la infraestructura del sector.
El juez les ordenó a ambas alcaldías, así como EPM y al Área Metropolitana adelantar los estudios y ejecutar las obras hidráulicas necesarias.
Las administraciones de Bello y Medellín pasaron meses tirándose la pelota asegurando que no les tocaba ejecutar las obras. A finales de 2022 Bello empezó a cumplir el fallo en su lado de la quebrada mientras la alcaldía de Daniel Quintero metía abogados para zafarse del fallo y dilatar su cumplimiento.
Sin embargo, en octubre de 2022 el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito le puso freno y le exigió que empezara a cumplir con el fallo.
Acorralado por la justicia, tres meses después, a finales de enero, Quintero anunció que solucionaría “definitivamente la problemática de inundaciones de la quebrada La Madera, que lleva diez años afectando a la comunidad”. Es decir, quiso vender la burla a la justicia como una gestión de su administración.
Lo que hizo en realidad fue entregarle $3.100 millones a Bello y dejar que ellos se entendieran con todos los diseños y las obras.
Más de dos años después del fallo, están próximos a cumplir el cuarto incidente de desacato. Resulta que Bello presupuestó $7.000 millones y dijo hace más de un mes que se acabó la plata y la obra quedó parada. Del lado de Bello faltan solo cuatro de 16 pilones, pero del lado de Medellín no van ni por la mitad. Aldemar Reyes, residente del sector, señala que lo único que ha hecho la Alcaldía de Medellín es revictimizar a las comunidades pues mientras los equipos jurídicos de ambas administraciones resuelven qué hacer para terminar la obra, el comercio, la movilidad y la tranquilidad siguen alteradas por cuenta de una intervención que debió quedar en mayo y ni la justicia ha sido capaz de hacer cumplir.
