El plan de trasladar el área de atención al público de la Personería de Medellín debido a las incomodidades que sufre en el sótano del edificio Plaza de la Libertad develó que, en vez de servir de buen ejemplo, varias dependencias del Distrito estarían pasándose por la faja las reglas al ocupar espacios que no están habilitados como oficinas, sino como parqueaderos o bodegas.
El jefe del Ministerio Público local, William Yeffer Vivas, anunció en la cuarta semana de mayo que el trasteo de parte de la entidad a su cargo se produciría para las oficinas que hoy día ocupa la Secretaría de Gestión y Control Territorial en los pisos 8 y 9 de la misma edificación, y que para eso, los funcionarios de las subsecretarías de Control Urbanístico y Servicios Públicos, así como los del área administrativa de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se moverían a su vez hacia otras instalaciones de la Alcaldía.
La información al respecto, al parecer, ya circulaba por los pasillos de la Alpujarra y generó inquietud entre los que serían desplazados porque su destino sería el edificio Business Plaza, ubicado al frente, del otro lado de la Avenida del Ferrocarril, que según sus propias observaciones como conocedores del tema, no contaría con las condiciones requeridas.
O sea que los “paganinis” por la buena obra de darle la mano a la entidad de derechos humanos iban a ser ellos, con el agravante de que estarían incurriendo en una contradicción grave porque justo son los profesionales que se encargan de verificar que se cumplan las normas urbanísticas y de uso de los espacios en la ciudad e irían a un lugar cuya licencia de construcción, según documentos, no autoriza la ocupación para oficinas.
“Consideramos que la edificación no cuenta con el uso autorizado para ubicar oficinas públicas y no vemos factible que esta sea objeto de aprobación por parte de las curadurías urbanas de la ciudad, dado que la edificación no contaría con los estándares de seguridad requeridos por la normativa para tal fin”, le dijeron a su jefa, la secretaria de Gestión y Control Territorial, Andrea Salazar, en un derecho de petición del 11 de abril, en el que le piden replantear el cambio o sino, exigir que se apliquen los correctivos.
La respuesta de Salazar, del 12 de mayo, corroboraba en parte sus sospechas y da a entender que, de hecho, ya la Alcaldía estaría incurriendo en anomalías pues en el Business solo habría una oficina legalmente habilitada, de acuerdo con los documentos a los que accedieron, lo que contrasta con una realidad de a puño: que hay seis niveles ocupados en su mayoría por dependencias del Distrito.
En los pisos 11, 12, 15 y 16 funciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana —incluido el sistema de comando del 123—, mientras que en el piso 13 opera la EPS Savia Salud que tiene participación del Distrito, la Gobernación y Comfama; y en el piso 14 está la subsecretaría de Catastro de Medellín. En total, se trata de un área bruta de 9.760 metros cuadrados.
Así mismo, las respuestas dan cuenta de que las destinaciones aprobadas en dichos niveles corresponden a comercio y no a servicios, como se encuentra en la actualidad, y que incluso un área común que aparece en planos como lobby es usada a manera de oficinas.
“Quiere decir lo anterior que es posible que sí se pueda estar superando el índice de construcción, o no se cuente con índice de construcción suficiente para la adecuación del cuarto piso del edificio como oficinas —las nuevas para ubicar a Gestión y Control Territorial—”, añade el texto que de paso confirma que en el momento en que presentaron la inquietud solo tenía permiso para servir de parqueadero y que no cuenta con escaleras suficientes exigidas por los códigos de seguridad para áreas de circulación constante de personas ni en el cuarto nivel ni en los pisos superiores.
Negocio de terceros
El Business Plaza no es del Distrito sino de particulares que a su vez subcontratan con empresas que le arriendan espacios a la administración. Una de ellas es Oficinas por Tiempo (OPT), la cual ha tenido contratos durante el actual periodo de gobierno por $3.796 millones; es además la que se encarga del piso de Catastro y manejaría el piso cuarto.
Su director administrativo, Andrés Restrepo, aseguró que si bien el piso cuarto del Business Plaza figuraba en papeles como parqueadero nunca funcionó como tal y que sus condiciones de altura son óptimas para oficinas, como de hecho la Curaduría Cuarta acaba de autorizar modificando la licencia de construcción.
Indicó, no obstante que la ocupación aún está cruda porque las adaptaciones tienen que partir de cero y ni siquiera se ha firmado un contrato entre OPT y el Distrito. Así las cosas, según él, si se avanzan con las decisiones, el sitio podría estar antes de que termine este año.
También la secretaria Salazar afirmó que “hoy no se cuenta con una fecha exacta” para su traslado. “Nos encontramos agotando con toda premura del caso el trámite contractual, con el objetivo de trasladar el personal lo antes posible durante esta vigencia para cumplirle a la Personería, sin desconocer ningún requisito legal”, apuntó.
Todo lo anterior contrasta con el anuncio inicial que hizo el personero Vivas en mayo bajo el agobio de las goteras que han tenido que soportar sus subalternos, de que la pasada sería en agosto. De hecho, ayer en una reunión entre los dos entes comprometidos con el asunto habrían definido una nueva fecha posible, para noviembre o principios de diciembre.
EL COLOMBIANO también le preguntó a la secretaria Salazar qué acciones se emprendieron tras la alerta de sus técnicos sobre las irregularidades en que estarían incurriendo ya las otras dependencias del Distrito que moran en los pisos 11 a 16 del Business Plaza. La funcionaria contestó que se “está verificando y revisando cada uno de los casos para identificar si existe alguna infracción urbanística, y de ser necesario hacer el requerimiento al propietario del edificio”.
El calvario que sufre la Personería
No solo goteras sino fallas en las redes de energía y en el servicio de internet ha tenido que soportar la Personería en las áreas del sótano de Plaza de la Libertad donde atiende a sus usuarios. Con frecuencia los funcionarios se ven obligados a tapar los computadores con plásticos.
Por eso la entidad ha buscado una reubicación, con varias opciones que no han cuajado. Una de ellas fue la del edificio de Edatel que es propiedad de Tigo-Une, por los altos costos del alquiler.
Otras posibilidades eran la sede de El Bosque de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que hasta ha sufrido inundaciones en el pasado, pero tampoco fue posible, y un edificio cerca al Parque Berrío, pero el sindicato de la entidad se opuso argumentando la inseguridad de la zona. La última negativa había sido sobre un local abandonado de EPM, en el sector de La Aguacatala.
