En el distrito Cenepa, de la provincia Condorcanqui en el Amazonas peruano, se hicieron públicas las denuncias y los lamentables testimonios de 524 estudiantes (mujeres y hombres) que describieron ser víctimas de violencia sexual por algunos de sus profesores, entre el 2010 y 2024, al interior de la selva norte que colinda con Ecuador.
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Uno de los testimonios que se hicieron públicos fue el de María, una joven de la etnia awajún callara, que le narró al diario español El País su historia: cuando tenía 11 años uno de los profesores de su comunidad la llevó a su cuarto con engaños y allí tapó su boca con una colcha para luego abusar de ella.
Tras cuatro años de cometer el crimen, el hombre apareció de nuevo en 2015 en el territorio; la embarazó y la obligó a que repitiera segundo de secundaria. Aunque su embarazo no llegó a término, su vida no volvió a ser la misma.
Luego de su denuncia, se conocieron más testimonios de violencia sexual cometidos a los estudiantes, por parte de promotores educativos o personal administrativo de los colegios que abrieron la discusión sobre la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos los niños de pueblos originarios y el desprecio, y abandono, de las autoridades públicas.
De acuerdo con esto, apenas cuatro profesores fueron cesados temporalmente y solo 111 fueron destituidos. Según datos del diario europeo, setenta y dos fueron absueltos, 195 consiguieron la prescripción de sus casos, nueve fueron al archivo y al resto no se les aplicó ningún proceso administrativo disciplinario o los casos aún están pendientes de investigación. Además, se perdieron más de 2.500 expedientes en un incendio en las oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Condorcanqui en 2022.
Ante esta situación, Morgan Quero, ministro de Educación, dijo que las violencias en la Amazonía son “una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar” por lo que tratarán el tema con cautela. Sus declaraciones no agradaron en diferentes sectores y desataron una crisis en el Gobierno.
Por su parte, la ministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó sus palabras y aconsejó a las adolescentes “postergar sus relaciones sexuales” y si las tienen, que usen protección.
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Varias organizaciones indígenas manifestaron su rechazo a la postura del Gobierno a través de comunidades. Una de las voces más potentes que ha defendido a los estudiantes es la de Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, quien además hizo las denuncias públicas.
“Nuestro pueblo está muy indignado con las declaraciones de los ministros. Que pidan disculpas públicas y que renuncien. No tienen corazón”, expresó la mujer para el diario El País.
Pioc Tenazoa ha recibido varias amenazas y agregó que: “Mis padres temen por mi vida, pero yo me siento fortalecida porque sé que estoy haciendo lo correcto. Los abusos tienen que parar”.
Ahora, lo que más le preocupa es gestionar tamizajes a toda la población de Condorcanqui para descartar VIH, ya que varios de los profesores abusadores tienen este diagnóstico.
“Existen denuncias de que hay profesores con el virus que han contagiado a varios estudiantes. Nosotros hemos contabilizado 60 adolescentes que han sido infectados, pero es un asunto muy delicado, así que queremos un diagnóstico preciso”, explicó Rosemary Pioc.
Hay datos que sorprenden: en la población awajún las cifras de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana es de 1,8 % aunque la prevalencia nacional del virus sea de 0,3 %. Entre el 2010 y mediados de 2022, se reportaron 222 fallecidos en la Red de Salud de Condorcanqui a causa de VIH avanzado.
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