Son más de 1.200 venezolanos. En Brasil creyeron encontrar un refugio seguro y un país que les permitiría reconstruir las vidas que les amargó el régimen de Nicolás Maduro, su presidente. Se equivocaron. En un enfrentamiento registrado el pasado sábado, en el municipio de Paracaima, les quemaron sus pertenencias. De nuevo huyen, pero esta vez hacia el destino que para ellos es una pesadilla: Venezuela.
Paracaima es una localidad de 12.000 habitantes y es fronteriza con Venezuela. En 2018 la vida de sus residentes se ha visto alterada por el paso continuo de venezolanos que buscan lo que en su propia tierra les niegan. Tan fuerte es la presión migratoria, que el 18 de junio el gobierno federal estableció en ese poblado un centro para recibir, identificar y emitir documentos a personas procedentes de Venezuela.
Dicho puesto de información tiene una gran institucionalidad de respaldo: lo administran las Fuerzas Armadas de Brasil y es apoyado por la Policía Federal, el Servicio Federal de Ingresos, el Ministerio de Salud, la Agencia Brasileña de Regulación de la Salud , la Organización Panamericana de la Salud y agencias de la ONU especializadas en la atención de refugiados, migración y el Fondo de Población.
Ese escudo de entidades no impidió que el sábado, 18 de agosto, los habitantes de Paracaima desataran su ira, al enterarse de que cuatro venezolanos habrían sido los presuntos autores del hurto de dinero y varios celulares a un comerciante local. En declaraciones a la agencia de noticias Afp, un brasileño, que pidió reserva de su nombre, sostuvo que el comerciante “es un vecino y hubo indignación cuando se supo del robo. La gente comenzó a expulsar a los venezolanos que estaban en el centro, obligándolos a regresar a su país”.
No solo los expulsaron. En videos que circulan libremente en internet, se aprecia cómo los lugareños quemaron dos improvisados campamentos en los que se alojaban los refugiados. De las llamas no se salvaron ni sus objetos personales.
Llegaron refuerzos
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al 14 de julio de 2018 se habían asistido en Paracaima a más de 2.800 venezolanos.
El 39% de ellos eran mujeres. El 62% presentó solicitud de asilo. El 37% pidió residencia temporal. La mayoría de los recién llegados se registraron como solteros. Más del 60% dijo haber completado la educación secundaria o superior. Y el 76% quería participar en el programa de reubicación interna implementado por el gobierno federal.
De la complejidad de la atención que demandan los venezolanos da cuenta el trabajo que se ejecuta en el centro de atención de Paracaima: allí se fortalece a las personas con resiliencia comunitaria, información sobre derechos de las mujeres, niños y población LGBTI. Desde su apertura, reporta la misma Acnur, “239 casos han sido remitidos a cuidados específicos, incluyendo casos de violencia y explotación sexual, y casos con necesidad de acceso a medicamentos antirretrovirales, entre otros. En asociación con el Centro de Control de ETS/SIDA de Roraima, el Fondo de Población de la ONU además garantiza el suministro continuo de condones femeninos y masculinos en el lugar”.
Datos de la Policía Federal indican que en Brasil hay unos 50.000 venezolanos, de los cuales 4.000 estaban en Boa Vista y Paracaima.
Los números están en proceso de revisión, porque una fuente de la “Fuerza de Tarea Brasileña” que opera en la frontera con Venezuela (y de la que forman parte las Fuerzas Armadas, organizaciones civiles y ONGs), estima que cerca de 1.200 venezolanos retornaron a su país entre el sábado y el domingo.
También bajo reserva, un vecino le dijo a la agencia noticiosa que “la ciudad parece un desierto hoy (domingo). Está muy tranquila porque llegó refuerzo policial y los mercados están reabriendo”.
Con todo, la crisis no ha sido superada.
El presidente brasileño Michel Temer citó a reunión de emergencia para evaluar la situación que se vive en la frontera con Venezuela, destacándose en tal cita la presencia de los ministros de Defensa, Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.
Una de las primeras medidas anunciadas es la llegada de 60 hombres del Ejército a Paracaima.
Esos refuerzos, “para enfrentar la creciente criminalidad”, los había solicitado de manera pública la gobernadora del Estado de Roraima, Suely Campos, la misma funcionaria que consideró necesario cerrar la frontera con Venezuela “porque las autoridades están desbordadas”.
¿Quién los recibirá?
Los venezolanos no la tienen nada fácil.
Ecuador, dice la agencia Afp, comenzó el pasado sábado a exigirles a los venezolanos pasaportes para ingresar al país, un documento del que muchos carecen. Antes solo les pedían la cédula de ciudadanía. De ese requisito están exentos los niños y adolescentes que lleguen con sus padres, siempre y cuando estos últimos tengan un pasaporte vigente y válido.
Perú también exigirá el pasaporte, desde el próximo 25 de agosto, pues tiene una fuerte presión migratoria, estimándose que, en una sola semana, ingresaron a ese territorio 20.000 venezolanos.
En Colombia, datos de las Naciones Unidas revelan que este país ha dado residencia temporal a más de 800.000 venezolanos.
Chile, Uruguay y Argentina, también son territorios de esperanza para los venezolanos.
