Estados Unidos anunció hace un par de días las nuevas medidas para controlar la migración irregular venezolana. Entre las condiciones, el gobierno de Joe Biden señaló que aceptará el ingreso legal de 24.000 personas provenientes de Venezuela–siempre que tengan un patrocinador que les brinde respaldo financiero en EE. UU.–, pero también será más severo con aquellas que intenten ingresar sin permiso por la frontera con México.
“Quienes intentan cruzar la frontera sur de EE. UU. de manera ilegal serán devueltos a México y no podrán aplicar a este programa en el futuro”, precisó en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, se sumó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Blas Nuñez-Neto.
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Precisamente, esta cláusula no cayó muy bien entre organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI). La directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, calificó el anuncio como “vergonozoso”, “un nuevo plan para impedir el acceso al asilo de las personas venezolanas que buscan seguridad en la frontera estadounidense”.
Si bien destacó la resolución de recibir legalmente a migrantes provenientes de Venezuela, Guevera rechazó que se expulse a los ilegales hacia México. Lo anterior debido a que esta medida prolongaría la aplicación del Título 42, el cual nació como una restricción fronteriza entre México y Estados Unidos para evitar la propagación de la covid-19.
Es decir que con las nuevas restricciones presentadas por el gobierno estadounidense, se ampliaría una medida que en un comienzo tuvo fines sanitarios y que, además, nació durante el gobierno de Donald Trump.
“El Título 42 no tiene ninguna base en la salud pública y va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales de defender el derecho de todas las personas a buscar seguridad”, reclamó la directora de AI para las Américas.
Finalmente, Guevara-Rosas instó al gobierno de Biden a reconsiderar la decisión y trabajar para ponerle fin a esta restricción fronteriza, en lugar de ampliarla.
“Todas las personas tienen derecho a buscar seguridad, independientemente de los vínculos familiares o económicos, y los programas de libertad condicional no deben suplantar el derecho a solicitar asilo”, apuntó.
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Hace algunos días, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) reveló que hay 7,1 millones de personas venezolanas que buscan protección internacional. Este dato también fue considerado por Amnistía Internacional para llamar al gobierno estadounidense a proteger los derechos de las personas migrantes que intentan ingresar a ese territorio.
