El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la noche del lunes una agenda “antiabusos” para aumentar las sanciones contra el delito de colusión, en respuesta a la sensación de impunidad que han expresado los chilenos durante la crisis social.
A 53 días de comenzada la peor crisis desde el retorno de la democracia en 1990, el mandatario presentó en un mensaje a la nación una agenda para “combatir con mayor severidad las colusiones y los abusos del mercado, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada”.
El paquete de medidas implica condenas de cárcel “efectiva” para el delito de colusión, “cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos”.
El mandatario propuso fortalecer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con nuevas herramientas, “que le permitan prevenir, investigar y denunciar los carteles y las conductas anticompetitivas”.
La agenda incluye además la creación de la figura de denunciante anónimo, y también medidas para proteger los derechos de los consumidores y mejorar la protección de los derechos de los trabajadores.
La legislación para combatir los delitos de “cuello blanco”, como la colusión empresarial o el uso de información privilegiada, figuran como uno de los mayores reclamos en las protestas sociales que comenzaron hace siete semanas, debido a la extendida sensación de impunidad frente a otros delitos comunes.
Se reclama además por las “clases de ética” en una universidad a las que fueron condenados dos reconocidos empresarios del país, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, por el financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente de partidos de derecha.
Aprobada en 2016 tras una serie de escándalos de corrupción, la normativa actual sobre el delito de colusión establece penas que van de 5 a 10 años de prisión, pero otorga solo a la Fiscalía Nacional Económica la potestad de presentar acciones legales, en un plazo muy acotado de seis meses, dejando fuera al Ministerio Público.
El mercado chileno también enfrentó la colusión de las principales cadenas de supermercados para la fijación del precio de venta de los pollos frescos, así como las tres grandes cadenas de farmacias concertaron entre 2007 y 2008 subir el valor de lo medicamentos, o el llamado “cartel del papel higiénico” en que firmas del rubro se aliaron para subir el valor de ese producto.
En su mensaje, el mandatario reafirmó su intención de reducir el precio de los medicamentos, realizar una reforma de salud y condonar multas e intereses a los miles de estudiantes que accedieron a crédito bancario con aval del Estado (CAE), otra de las demandas expresadas en las masivas manifestaciones que se saldan con 23 muertos.
