Un centenar de personas se manifestó ayer en la México D.F para pedir una ley contra la desaparición forzada que cuente con la colaboración de la sociedad civil y que reconozca la “gravedad” de este problema en el país.
La protesta, organizada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, se inició en el céntrico Hemiciclo a Juárez para llegar al Senado, donde se encuentran las cuatro comisiones que van a dictaminar la Ley general para luchar contra las desapariciones. La norma en discusión no satisface a las asociaciones, ya que “habla indistintamente de personas no localizadas, extraviadas o desaparecidas”, y no reconoce a la gravedad de la situación, afirmó a Efe Nadín Reyes Maldonado, del comité de familiares de detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos”.
“Una ley que erradique la problemática en el país tiene que ser claramente definida como desaparición forzada”, dijo Reyes, cuyo padre fue desaparecido hace ya casi nueve años en el sureño estado de Oaxaca, en una acción en la que estuvieron involucrados, aseguró, policías y militares.
Una pancarta con el texto “Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país” abrió la marcha, en la que voceros de distintas organizaciones hicieron referencia a que en México hay más de 27.000 personas desaparecidas, aunque esta cifra oficial se puede quedar corta porque hay quienes no denuncian por intimidación.
La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, respaldada por 274 agrupaciones, presentó en septiembre al Senado una iniciativa propia que pide que las organizaciones de la sociedad civil sean incluidas en las comisiones que redactan el texto final sobre desapariciones.
“No se tomó en consideración a las organizaciones sociales de desaparecidos, ni a las indígenas (...) lo están haciendo por sí mismos, eso es dejar de lado a la sociedad”, aportó a Efe durante el recorrido Carlos Vallejo, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
El Gobierno pone “muchas trabas para poder comprobar el hecho de que haya una desaparición forzada”, lo que además exige “esperar un determinado tiempo”, denunció.
En la actualidad, las autoridades mexicanas piden un margen de 72 horas para que se inicie una investigación por desaparición, lo que las asociaciones ven como un “tiempo perdido” .
