En la mañana del lunes el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó la casa de José I. Hernández, uno los abogados más destacados de Venezuela y ahora “Procurador Especial de la República” del opositor Juan Guaidó, quien hace diecisiete meses dice ser el presidente interino del país. No encontraron nada y el Sebin salió con las manos vacías.
Esa es la más reciente diligencia del cuerpo policial contra un opositor. Su llegada a una vivienda es consonante de un vaho de temor porque ha sido el encargado de llevar presos al el diputado Juan Requesens, quien lleva 666 días en la cárcel; el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, tras las rejas hace 438 días, y en su momento a Leopoldo López, hoy aislado en la embajada de España.
La persecución a sus detractores ha sido un relato sostenido desde 1999 de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En algunos momentos, como las protestas de 2014 y de 2017, esa narración se acentúo, llevando a políticos a la cárcel o al exilio, y en las últimos días parece enfatizarse otra vez. El partido Voluntad Popular, al que pertenecen Guaidó y López, está a punto de desaparecer del mapa político por una próxima decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de corte chavista), el mismo que ha dejado sin funciones a Guaidó.
Esta vez fueron sus errores los que dieron paso al cerco del régimen. “Antes habían luchado por ser vistos como una oposición que utilizaba los espacios electorales y de participación como un ámbito de confrontación, pero cayeron en la trampa dejándose llevar hasta un escenario no democrático”, a punta el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.
La fallida incursión de mercenarios auspiciados por funcionarios al mando de Guaidó, conocida como Operación Gadeón, que ocurrió entre el 3 y el 4 de mayo en las playas de Macuto, abrió un capítulo en el que aún se desconoce qué tan involucrado estuvo Guaidó en esa fracasada correría que fue interceptada por las autoridades. Ese operativo es hoy la excusa con la que el TSJ está por definir una petición de la Fiscalía (también chavista) que declarará a Voluntad Popular como una organización terrorista.
Una gestión de dudas
“Esa era la línea que no podía pasar la oposición y cometieron un grave error al hacerlo”, agrega Rodríguez. Aunque la más grave hasta ahora, hay un cúmulo de fallas que han marcado la gestión de Guaidó. En marzo el general (r) Cliver Alcalá fue acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de ser uno de los cabecillas del grupo narcotraficante el Cartel de los Soles. Alcalá, particularmente, era uno de los chavistas disidentes que estaban trabajando junto a Guaidó.
Además, fue el responsable de un armamento incautado en Barranquilla ese mismo mes. Según explicó en ese momento a EL COLOMBIANO y antes de ser llevado ante la justicia norteamericana, las municiones iban rumbo a Venezuela para un aparente plan para desestabilizar a Maduro. Por otro lado, la coyuntura de la covid evidenció aún más que los opositores no tienen los medios para tomar decisiones dentro del país, todavía cuando una parte mayoritaria de la Asamblea Nacional y de la comunidad internacional sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino.
Y en el Parlamento se libra una batalla más, después de que el TSJ declarara que el encargado de presidir esa Asamblaea es Luis Parra y no Guaidó, intentando cerrar una disputa que comenzó en enero de 2020 cuando ambos se eligieron, cada uno con un grupo de diputados diferente, como presidentes del Congreso.
Ahora preocupa que el contexto de la pandemia sea usufructuado por Maduro para aumentar el poder sobre la ciudadanía y el cerco a sus detractores. “Cada error de la oposición será aprovechado al máximo por el régimen para aumentar su capacidad de control de la población. Con la Operación Gadeón lograron tener un argumento más para atacarla, lo que se suma a la falta de legitimidad de ambos”, apunta el exalcalde encargado de la Alcaldía de Sucre, José Luis López, quien ahora reside en Colombia.
Sobre Venezuela siguen siendo más los interrogantes que las salidas trazadas. La amalgama de la disputa por el poder ahora se combina con la dolarización de la gasolina que empezó el primero de junio, dependiente de los buques petroleros que llegan de Irán para abastecer de combustible al país que tiene sus estaciones vacías. Sumado, también, a las dudas respecto a las cifras que dan de la covid, después de que Human Right Watch denunciara que los médicos ya no tienen ni agua para lavarse las manos.
Hay algo evidente hasta ahora: ni Maduro ni Guaidó plantean soluciones factibles para esa crisis sanitaria y la escasez de gasolina está llevando a las ciudades al límite.
