Cuba salió a las calles para, en teoría, hacer parte de una jornada de participación ciudadana enmarcada en el referendo a la Constitución, que permitiría cambiar la carta magna de 1976 y sustituirla por un nuevo código de leyes.
De acuerdo con datos del gobierno, 8 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar, entre los que viven dentro de la isla y los que están fuera del país, pero de estos últimos solo permitieron participar a los que residían fuera debido a motivos relacionados directamente con el gobierno. Es decir, si una persona migró a Estados Unidos por decisiones personales, esta no pudo sufragar.
Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado, aseguró que los cubanos estaban votando “por América Latina, el Caribe y Venezuela” y se mostró convencido de que el sí ganaría. Según reseñó la agencia AFP, los resultados se conocerán en la tarde del lunes. Pero se trata de una reforma que ha generado fracturas en el país debido a que un sector asegura que no transformará nada.
“Es una reforma para adaptarse a las nuevas circunstancias, al nuevo contexto, una pequeña actualización de su sistema que no tiene una real intención de cambio”, asegura Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cuba Ley. Esto se evidencia en el Artículo 1 del borrador de la nueva Constitución, que indica que “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano”.
Además, en su Artículo 5 indica que el Partido Comunista de Cuba “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, dejando a un lado un eventual triunfo de un movimiento opositor.
Sin embargo, de aprobarse el texto Cuba no volverá a tener un mandatario como Fidel Castro, quien lideró el país durante 32 años, debido a que se fija el tiempo presidencial en un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años y establece un límite de 65 años para acceder por primera vez a la jefatura del Estado.
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