La Justicia francesa considera que el Gobierno no está cumpliendo sus compromisos internacionales para reducir las emisiones causantes del calentamiento global y le obliga a tomar más medidas contra el cambio climático de aquí a finales de marzo de 2022 bajo la amenaza de sanciones financieras.
En un dictamen publicado este jueves, el Consejo de Estado da la razón al Ayuntamiento de Grand Synthe, al norte del país, y a varias ONG, como Greenpeace u Oxfam, que habían presentado un recurso ante esta instancia por la negativa del Ejecutivo a adoptar medidas adicionales para respetar el objetivo de una rebaja del 40 % de las emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030.
En un comunicado, el Consejo de Estado explica que el recorte de esas emisiones fue “débil” en 2019 (del 1,9 %, según un organismo oficial independiente) y el de 2020 (se ha estimado en un 9,2 %) “no es significativa” teniendo en cuenta que la actividad económica se vio reducida por la crisis de la covid.
A la vista de esos elementos, el máximo órgano de recurso administrativo afirma que Francia no podrá alcanzar el descenso del 12 % para el periodo 2024-2028, que es la meta oficial, “si no se adoptan nuevas medidas rápidamente”.
Además, constata que en abril pasado hubo un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para incrementar el objetivo de reducción de las emisiones del 40 % al 55 % respecto al nivel de 1990, que se toma como base. Eso significará aumentar la ambición a la que se tendrá que atener Francia.
Por último, hace notar que el propio Gobierno reconoce que simplemente con el dispositivo actual no se alcanzaría la meta de un recorte del 40 %, ya que para llegar a esa cifra confía en la aportación de las disposiciones de un proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario.
El Consejo de Estado, que ya había reclamado el pasado mes de noviembre al Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, que le aportara datos que sustentaran los objetivos asumidos en los Acuerdos de París, subraya ahora que espera la puesta en marcha de nuevas medidas de aquí al 31 de marzo de 2022, ya que en caso contrario impondrá sanciones.
Grand Synthe acudió al Consejo de Estado porque se considera perjudicado en la medida en que el calentamiento climático supone una amenaza de sumersión de una parte de su término municipal por la elevación del nivel del mar.
Este tipo de contenciosos forman parte de la estrategia de movimientos ecologistas, que tienen intención de apoyarse en decisiones judiciales basadas en los compromisos internacionales para presionar a los poderes públicos para actuar de forma más enérgica contra el cambio climático
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