Aunque el cadáver de la icónica jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg, fallecida el pasado viernes a sus 87 años, todavía no llega a su última morada, el cálculo político en Washington para reemplazarla en el Tribunal Supremo ya desató un nuevo rifirrafe entre Republicreemanos y Demócratas. El adagio popular que reza “a rey muerto, rey puesto”, parece describir a la perfección la situación.
Ayer, el presidente Donald Trump anunció que a más tardar el sábado nominará a una nueva jueza y que la baraja de opciones se reduce a cinco candidatas que ya tiene contempladas, aunque no confirmó nombres. “Creo que será el viernes o el sábado, porque queremos mostrar nuestros respetos.”, dijo a Fox News.
Pero paralelamente a ese mensaje de prudencia, el ímpetu del mandatario por llenar la silla vacante en la Corte ha desatado controversia, pues la misma Ginsburg dejó por escrito que su “deseo más ferviente” era “no ser reemplazada hasta que haya un nuevo presidente de Estados Unidos”, tras las elecciones de noviembre.
Si Trump presenta a su nominada este sábado, aceleraría el proceso para que el senado ratifique el nombramiento antes de los comicios presidenciales, algo para lo que cuenta con la voluntad del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Para entender el porqué de esta premura, es preciso contrastar los hitos de la carrera de la afamada jueza y los perfiles de quienes ya suenan entre el ambiente político republicano como potenciales reemplazos. El Brennan Center for Justice, el centro de análisis e investigación de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, afirmó en una reseña sobre el legado de Ginsburg que “se esté de acuerdo o no con la jurisprudencia que profirió, hay que decir que dentro y fuera de la Corte usó su mente para luchar en nombre de las mujeres que fueron discriminadas, los afro cuya voluntad fue oprimida, los empleados abusados por sus jefes, las personas LGTBI perseguidas por fanáticos, y para defender el debido proceso”.
Fundadora del Centro Estadounidense por las Libertades Civiles y pieza clave en la legalización del aborto, Ginsburg, menciona el centro universitario, “cambió con su trabajo, gota a gota, la forma en que la ley veía a las mujeres. Ya habrá tiempo de dimensionar el golpe que su muerte significará para los derechos reproductivos”.
El trabajo de Notorious RBG, como era popularmente conocida, se leyó como el contrapeso liberal en un Tribunal Supremo cada vez más tendiente a la derecha, con posturas diametralmente opuestas a las de quienes se estima, podrían ocupar un lugar en la baraja de candidatas de Trump, que ahora más que nunca busca materializar el apoyo conservador.
Entre una lista de al menos 20 juristas que había sido divulgada previamente por el mandatario, se empiezan a destacar en la prensa estadounidense los nombres de Amy Core Barrett, jueza del Séptimo Tribunal Federal de Apelaciones con sede en Chicago, reconocida por ser discípula del también fallecido togado Antonin Scalia y opositora del aborto; y Barbara Lagoa, una cubana estadounidense, exjueza federal de Miami y actual integrante del Undécimo Tribunal Federal de Apelaciones con sede en Atlanta.
Ambas, católicas practicantes, han defendido públicamente sus decisiones jurídicas, tras ser señaladas de dejar que sus convicciones religiosas permearan su trabajo. En 2017, Barrett, al ser increpada por la senadora Dianne Feinstein, dijo que “nunca será apropiado que un juez imponga sus convicciones personales ante la ley, vengan de la fe o de cualquier otro lugar”.
Lagoa, por su parte, afirmó en 2019, en un evento de la organización St. Thomas More Society, que “es posible ser un defensor de un cliente, sin importar lo que se le impute, y seguir siendo fervientemente católico, pero que los juristas no deben separar su vida profesional de la espiritual para justificar una falla en la convicción moral”.
Entonces, ¿de qué le sirve a Trump nominar profesionales con este perfil? Para el investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la U. Externado, David Castillón, la explicación está en que “no hay legado más duradero para un presidente que los jueces que pueda nombrar en cualquier corte federal, pero especialmente en la Corte Suprema, porque por el sistema constitucional estadounidense esos jueces sirven de por vida, es decir, sus períodos duran cerca de 20 años en promedio”.
Explica que “para todo el movimiento conservador sería importante nombrar la que sería la sexta juez de esa tendencia en el máximo tribunal, porque en este momento se están ‘alineando las estrellas’ para hacerlo. Este es un momento en que hay un presidente republicano y un senado de mayoría republicana y si el partido no actúa ahora, estaría dejando pasar una oportunidad rarísima”.
Desde un punto de vista electoral, Castrillón sugiere que Trump “podría atraer los votos de liberales moderadas, con posturas conservadoras en ciertos temas muy específicos, que pueden ver ahí la posibilidad de que la Corte mantenga su viraje a la derecha”.
El debate apenas inicia y estará presente hasta que el Senado por mayoría simple, es decir, 51 votos de 100, confirme la designación de la nueva jueza. En esa cámara, los republicanos cuentan con 53 de los escaños .
