Desde que en 2017 los catalanes votaron en un referendo su independencia de España, la cual se quedó en una declaración, este es un país de pocos consensos, en el que es difícil ponerse de acuerdo hasta en lo que acaba de suceder el día anterior.
Ayer, cuando inició el juicio ante el Tribunal Supremo de 12 de los promotores del intento separatista, también hubo opiniones divididas. Para el presidente de esta máxima instancia judicial, Carlos Lesmes, comenzó “el juicio más importante de la democracia”. En cambio, para el actual líder de la autonomía catalana, Joaquim Torra, lo que se puso en marcha fue “una vergüenza para España y una venganza contra un pueblo”.
El único punto común parece ser el carácter histórico de este proceso. España juzga la mayor crisis a su unidad desde el inicio de la democracia hace cuarenta años y pone en el banquillo, casi en su totalidad, al gobierno regional que se atrevió a ese desafío.
Aunque hay un ausente, el principal, Carles Puigdemont, presidente de la autonomía catalana y gestor del referendo, quien permanece en Bruselas –exiliado para algunos y huido de la justicia para otros– y quien ayer se refirió al juicio como la oportunidad de “desenmascarar” la judicialización de una causa política.
Rebeldes o presos políticos
Como señala Jordi Ferrer, director de la cátedra de cultura jurídica de la universidad de Girona, en España, en este juicio hay poco qué probar.
Los hechos de octubre de 2017 fueron evidentes. Lo que está en disputa, es si estos encajan dentro del delito de rebelión, por el que deberían pagar hasta 25 años de cárcel. En su opinión, no es el caso, al no haberse presentado un alzamiento armado.
Independientemente del fallo, es posible que el caso no pare en la justicia española y llegue hasta el Tribunal Europeo. En especial, si esta corte internacional acepta lo que para Ferrer son posibles violaciones a los derechos de los procesados como la medida de prisión preventiva que desde hace varios meses pesa sobre nueve de ellos, que a su juicio no cumpliría con los requisitos legales.
Esto, agrega, no sustenta la tesis de los independentistas de estar ante un proceso sin garantías. Un punto en el que coincide con Miguel Martínez, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Externado, quien afirma que, en esta coyuntura, “las instituciones han sabido responder”.
Para los expertos, hay en juego más de 12 libertades con este juicio. Del resultado, depende si España cerrará la herida que abrió el grito –ahogado– de independencia catalán, o si encenderá las antorchas de nuevas sublevaciones
25
años de cárcel, es la mayor pena que pide la Fiscalía para el líder independentista.
