La periodista Lourdes Maldonado sabía que por su trabajo corría peligro, y así se lo advirtió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019.
“Vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”, relató esa vez la reportera asesinada de un disparo el domingo pasado, quien le había ganado un pleito legal a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California.
Su muerte la lamentaron ONGs, colegas y vecinos, quienes vieron cómo Chato, el perro de Lourdes, se quedó esperándola día y noche en la puerta de su casa.
El homicidio hace parte de la violenta oleada que completa tres reporteros asesinados en ese país y otros dos en Haití en lo que va de 2022.
En el caso de México, la situación ratifica a esa nación como el lugar más peligroso de la región para la libertad de prensa, un derecho que no se ha respetado en los últimos gobiernos. Incluso, de acuerdo a la organización local Artículo 19, desde el año 2000 han matado a 145 personas por ejercer esta profesión.
Las otras dos víctimas son Margarito Martínez y José Luis Gamboa. El primero era un fotoperiodista de 49 años que se dedicaba a documentar como freelance el crimen organizado. Este 17 de enero murió baleado frente a su casa en Tijuana. Y siete días antes, su colega José Luis recibió varias puñaladas que lo dejaron tendido en Xalapa, Veracruz.
Los tres crímenes se relacionan a amenazas que los profesionales habían recibido por parte de grupos ilegales que controlan el país, a los cuales el gobierno mexicano les declaró la guerra en 2006.
Por eso, para Daniel Vásquez este grave fenómeno ni es nuevo ni solo afecta a periodistas. El profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM le explicó a este diario que en los últimos tres años hubo “alrededor de 350 mil asesinados y 100 mil desaparecidos”, y que el pedido en cada denuncia y marcha que han realizado ha sido verdad, reparación y no repetición. Pero el objetivo, de acuerdo a la escalada criminal, está lejos no solo en ese país, sino en el resto del continente.
Días antes del primer reportero asesinado en México, Amady John Wesley y Wilguens Louissaint perdieron sus vidas en Haití.
Los periodistas fueron atacados en Puerto Príncipe en medio de una presunta represalia por parte de una banda criminal con fuerte presencia en la zona. Al parecer, ambos volvían de entrevistar al líder de otro grupo ilegal.
Para Sthépane Dujarric, portavoz de la ONU, “esto es un ejemplo más de la impunidad con la que fueron asesinados por el mero hecho de intentar decir la verdad”.
Un problema de raíz
Tanto organizaciones sociales como las mismas investigaciones periodísticas dan cuenta de que la libertad de prensa es un concepto que se quedó en el papel.
Y es a partir de ese inconformismo que hace tres días varias personas de distintas ciudades mexicanas salieron a rechazar tantas muertes. La marcha más numerosa fue en Ciudad de México, al frente de la Secretaría de Gobierno que hace casi tres años le había ofrecido a Lourdes un mecanismo de protección que resultó ser insuficiente.
De hecho, según Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte –organización en defensa de la libertad de expresión–, el indicador de seguridad de ese mecanismo no juega a favor, pues prueba de ello es la cantidad de asesinatos. Por eso, para expertos como Vásquez, la solución no está por ahí, sino en atacar de fondo la violencia que viene de la macrocriminalidad –carteles– y la política.
“En la medida que estos últimos (políticos) están metidos en la criminalidad viene una impunidad; como tienen protección cometen agresiones de las que saben que no pasará nada”, afirma el profesor, quien añade que el cambio requiere de una renovación de políticas y entidades.
En el caso de Haití, la problemática tiene un matiz diferente, y es que la violencia incrementó después del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, hecho que desestabilizó el aparato gubernamental.
Por la muerte de Lourdes, la cual rebasó la copa de la gente, el presidente López Obrador pidió “no hacer poliquitería” mientras se investiga el crimen, asegurando que si Bonilla tiene algo que ver, será vinculado al proceso.
