Como un “preocupante declive” calificó el informe The Global Expression Report, de la organización Artículo 19, la situación que vive actualmente la libertad de prensa en América Latina. Publicado esta semana, justo cuando paralelamente se realizaba la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el documento advierte que las barreras para el pleno ejercicio del periodismo se presentan a la par de “numerosos desafíos a los derechos humanos, con amplias protestas, disturbios y liderazgos autoritarios que socavan la democracia”.
Y en ello coinciden las conclusiones del evento de la SIP, que ponen el ojo en Centroamérica, una región en la que al menos tres gobiernos o partidos oficialistas impulsan legislaciones e iniciativas que, bajo el entendido de luchar contra las noticias falsas y los delitos cibernéticos, terminarían poniendo en riesgo de censura el trabajo investigativo de la prensa.
“Ley mordaza” en Nicaragua
Las tensiones del presidente nicaragüense Daniel Ortega con los medios no son nuevas. Sin embargo, como lo advierten periodistas consultados, los desencuentros no han cesado de escalar durante este año. Empezaron a finales de 2019, cuando El Nuevo Diario, medio con 39 años de trayectoria, tuvo que cerrar definitivamente tras lanzar críticas al Gobierno. El sistema aduanero retuvo insumos básicos para su funcionamiento, como tinta y papel, hasta que la situación se hizo insostenible.
Esas mismas presiones recayeron sobre La Prensa, la única casa editorial de ese país que aún produce medios impresos. Las materias primas estuvieron retenidas por cerca de 75 semanas, hasta que en febrero de este año, luego de reiteradas denuncias por parte de los periodistas, fue levantado el bloqueo.
Y el panorama volvió a oscurecerse el pasado 21 de octubre, cuando tres comisiones legislativas avalaron el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, que busca castigar con prisión a “quienes propaguen noticias falsas o tergiversadas, que produzcan alarma en la población”, y que empezó a ser conocida por la opinión pública como “ley mordaza”.
El periodista nicaragüense y exeditor de El Nuevo Diario, Ludwin Loáisiga, explicó en conversación con EL COLOMBIANO que “es una ley extremadamente peligrosa porque es un ataque a la libertad de prensa, pues deja a discreción del Gobierno qué se va a considerar como noticia falsa”.
Ejemplificó el comunicador que “a causa de las muertes por coronavirus, en Nicaragua ocurrieron entierros exprés que se hacían en las madrugadas. Muchos medios iban a hacer reportería a los cementerios y grababan lo que estaba ocurriendo. Cuando publicaron las notas, el Gobierno lo negó siempre y un día un diputado sandinista (del partido oficialista) dijo que esas eran historias inventadas. Y ese es el peligro que se va a correr, que si los medios registran ciertos hechos que el Gobierno quiera ocultar, les van a aplicar esta ley”.
Por su parte, el sandinismo ha defendido la controversial norma, que deberá ser aprobada la semana próxima en plenaria de la Asamblea Nacional. El diputado José Antonio Zepeda, dijo que la iniciativa “impedirá que puedan cometer delitos utilizando las tecnologías: no pueden provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delitos que van a estar tipificados en el Código Penal”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, advirtió que “los procesos judiciales son el un nuevo método para reprimir a los periodistas” en Nicaragua y señala otras prácticas de intimidación, como el uso de agentes de tránsito para asediar a los comunicadores críticos con Ortega, el cerco policial a edificios donde funcionan medios no oficiales e incluso, la prohibición de difusión de programas televisivos que ahora se ven obligados a transmitir exclusivamente desde las redes sociales.
Según el ránquin que mide el buen estado de la libertad de expresión en el mundo a partir de 25 indicadores, incluido en el informe de Artículo 19, Nicaragua es el penúltimo país de América, con 6 puntos de 100, solo por encima de Cuba, que obtuvo 4 puntos.
“Acoso” en El Salvador
Si de tensiones con la prensa se trata, la SIP en su informe sobre El Salvador denunció que el gobierno de Nayib Bukele “ataca directamente a periodistas e individuos valiéndose de una red de ‘trolls’ (cuentas falsas y bots) en redes sociales”.
Pero además, reseña el organismo, el mandatario, enarbolando la lucha contra lo que considera “noticias falsas y desinformación”, ha instrumentalizado la legislación vigente para estigmatizar y perseguir a medios y comunicadores independientes en “hechos como el acoso fiscal contra El Faro”, el principal noticiero digital de El Salvador.
En una alocución televisada, Bukele anunció el 25 de septiembre que el Ministerio de Hacienda investigaría a El Faro “por lavado de dinero”. Este anuncio se dio apenas días después de que el noticiero revelara en una investigación periodística que el mandatario estaría adelantando negociaciones con la Mara Salvatrucha, la banda criminal más temida del país.
El presidente negó las revelaciones y al ser cuestionado por su actitud agresiva hacia la prensa, argumentó la jerarquía que la Ley de Telecomunicaciones le otorga sobre los medios de comunicación.
Al respecto, la SIP consideró que “dicha normativa estipula que el presidente tiene derecho a convocar cadenas de radio por motivos de calamidad, guerra o interés nacional, pero no para atacar a medios ni a ningún otro sector”.
La comunicadora social salvadoreña Mariana Moisa, además de tener trayectoria en los medios, ha acompañado como activista feminista varios casos de mujeres periodistas que han sido agredidas por “trolls” que, ella afirma, actúan incitados por el Gobierno. En diálogo con EL COLOMBIANO, Moisa explicó que “hay toda una maquinaria virtual que se encarga de afectar y perseguir y coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
“En El Salvador estamos viviendo algo inédito, porque ha habido otros gobiernos que han tenido roces con la prensa, pero nunca habíamos visto este tipo de persecución. Una crítica, una opinión o simplemente una cobertura, puede significar verse amenazados en redes sociales”, advirtió.
En el ránquin de libertad de expresión de Artículo 19, El Salvador ocupa el puesto 47 entre 161 países, con 74 puntos de 100 posibles.
¿Calma en Costa Rica?
Completando el inquietante panorama para la prensa en Centroamérica, llama la atención el caso de Costa Rica, un país que si bien fue destacado por Artículo 19 como el tercero de América con mejores condiciones para la libertad de expresión, viene siendo escenario de crecientes choques entre el Gobierno de Carlos Alvarado y los periodistas.
Por un lado, la SIP denunció en su informe que “se vienen registrando varios casos de obstrucción a información pública por parte del Ejecutivo y sus dependencias”, al punto en que se ha comprobado que ha habido instrucciones directas de funcionarios en cargos de poder, como la presidenta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, para que sus funcionarios aplicaran una “ley del silencio” hacia los medios.
Pero los momentos de mayor tensión llegaron por los cuestionamientos de periodistas al presidente Alvarado sobre su manejo de la pandemia. En una alocución televisada, el mandatario calificó a los medios como “insulsos” y posteriormente, en un discurso con motivo de la Independencia Nacional, anunció que emprenderá una lucha contra las “noticias falsas”.
“La comunicación real, la comunicación útil, tiene que rivalizar con la información falsa y con fenómenos que afectan la democracia. El periodismo es un ejercicio que está en riesgo”, afirmó.
Desde hace un año, el Gobierno de Alvarado lanzó el sitio web Gobierno Aclara, que, según la ministra de Comunicación, Nancy Marín, pretende atacar “la desinformación y el contenido falso. Y utilizar la tecnología para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía”.
En la plataforma, el Ejecutivo desmiente aquella información que considera “tendenciosa” o “imprecisa” .
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fue el puntaje dado a Colombia por Artículo 19. Fue el país peor calificado en América.
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