Michel Temer pasó de ser el presidente más impopular de la historia democrática de Brasil a tener, nuevamente, problemas con la justicia, que le pueden llevar directo a los tribunales una vez que deje el poder y pierda la protección que le da el hecho de ejercer un cargo público.
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La Policía Federal concluyó una investigación de trece meses en la que habrían comprobado que Temer y algunos miembros de su entorno maniobraron para favorecer, a cambio de comisiones, a una empresa que opera en el puerto de Santos.
En un documento que fue entregado a la Corte Suprema, la Policía pidió que Michel Temer y otros diez investigados, entre ellos una de sus hijas, sean imputados por los delitos de asociación ilícita, corrupción y lavado de dinero.
El proceso para que sea juzgado como presidente
La continuidad del proceso contra el presidente, que entregará el cargo el próximo 1 de enero, quedará en manos de la Fiscalía, que deberá analizar el informe de la Policía Federal y decidir si acoge las acusaciones y presenta una denuncia formal.
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Si ese fuera el caso, los cargos serán formulados ante la Corte Suprema, que a su vez los remitiría a la Cámara de Diputados, que debe autorizar el enjuiciamiento de un mandatario en pleno ejercicio del poder.
Desde que está en el poder, tras la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, Temer ha pasado dos veces por ese trance en el Congreso y en ambos casos fue librado de la Justicia por una base parlamentaria fiel que hoy se ha desintegrado al calor de la campaña electoral.
En esas dos ocasiones, había sido acusado formalmente por la Fiscalía, también sobre la base de investigaciones de la Policía Federal, de recibir comisiones ilegales de la empresa cárnica JBS, por “favores políticos” similares a los que lo salpican ahora en relación al puerto de Santos.
Esta vez, a pesar de que ya no cuenta con el apoyo parlamentario que tenía, una posible tercera denuncia contra Temer no parece que pueda ser recibida por la Cámara de Diputados, cuyos miembros están implicados de lleno en las campañas de Bolsonaro o Haddad.
El trámite para analizar su caso demoraría unos tres meses y a Temer solo le restan 75 días en el cargo. No obstante, tanto el asunto relativo al puerto de Santos como las dos denuncias anteriores podrían tramitar directamente en los tribunales de primera instancia a partir del 1 de enero, cuando ya no será protegido por los fueros que le amparan como presidente.
