Del pasado de Álex Nain Saab Morán poco se sabe. El Barranquillero, de ascendencia libanesa, empezó en el mundo de los negocios como vendedor de llaveros y uniformes de trabajo en su ciudad natal.
Sin embargo, saltó a la escena pública en noviembre de 2011 cuando, en medio de un encuentro entre los expresidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, fue presentado como representante legal del Fondo Global de Construcciones, una empresa colombiana con la que el gobierno de Venezuela firmó un acuerdo de inversión social.
Esta sería la génesis de uno de los entramados de corrupción más sonados en ese país y por el que las autoridades de Estados Unidos lo pedía en extradición, proceso que finalmente se llevó a cabo el sábado cuando Saab fue trasladado de Cabo Verde –donde estaba detenido desde junio de 2020– a Miami, donde afrontará un juicio por siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito desde este lunes.
Pero además de aparecer como representante de una empresa que sería la encargada de importar materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda del régimen venezolano, que prometía la construcción de 2,6 millones de casas para familias humildes –según EE. UU., no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos–, Saab también figura en otro polémico contrato con el gobierno de ese país.
Ya con Nicolás Maduro como presidente, Saab se convirtió, a través de la empresa Group Grand Limited (GGL), en importador para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, un plan de distribución de alimentos.
En 2018, investigaciones periodísticas revelaron que Saab y un socio se beneficiaron de contratos millonarios de ese programa de alimentación. Incluso, la exfiscal venezolana Luisa Ortega –exaliada de Chávez y quien pasó a ser crítica del régimen–, señaló al colombiano de ser el testaferro de una empresa de Maduro en dichos negocios.
Esas acusaciones, sumadas a una serie de investigaciones llevaron a que, en julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusará a Saab de haber lavado hasta 350 millones de dólares de las arcas de Maduro.
¿Encenderá el ventilador?
Los expedientes que tiene Saab en EE. UU., y por los cuales comenzará a declarar ante una corte federal de Florida, tienen un impacto directo sobre Colombia y Venezuela.
Tal es el grado de información que maneja Saab, considerado por el régimen venezolano como un diplomático “secuestrado”, que sus confesiones ante la justicia estadounidense sacudirán el círculo de poder más cercano a Maduro y los cimientos de un sector de la política colombiana.
Por un lado, Saab tiene información de cómo Maduro y sus cercanos construyeron todo el entramado corrupto para quedarse con las millonarias ganancias derivadas de las cajas Clap, que hasta el ELN ayudó a mover por Colombia, así como la forma en la que el cartel de los soles –conformado por capos venezolanos mimetizados como militares– estableció rutas secretas para lavar sus ganancias.
De hecho, esto hace parte de la acusación que EE. UU. tiene en contra del colombiano y que toca a países como México, donde Saab, con la ayuda de otro colombiano también imputado por la justicia estadounidense, logró crear redes para conseguir alimentos de dudosa calidad que terminaban en esas cajas.
“Álex Saab se comprometió con los secuaces de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado militarmente por el anterior régimen”, afirmó hace unos meses Steven Mnuchin, exsecretario del Tesoro de Washington.
Su red corrupta tuvo tentáculos hasta en países árabes, donde logró esconder parte de las ganancias ilícitas que logró amasar jugando con la alimentación de los venezolanos más vulnerables.
Pero, ¿quién es su socio colombiano? Se trata de Álvaro Pulido (ver infografía), con quien consolidó la firma Group Grand Limited, con la que logró lavar más de 200 millones de dólares con la anuencia, según la corte de Florida, de personas muy cercanas a Maduro. Y aquí es donde entra en juego el círculo de poder de Maduro.
Lo que dice la justicia estadounidense, de acuerdo con fuentes federales consultadas por EL COLOMBIANO, es que la actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al igual que la esposa e hijos adoptivos de Maduro –Cilia Flores y Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores–, le facilitaron contactos y enlaces a Saab para quedarse con el negocio de las Clap.
La reacción del régimen
La extradición de Saab hizo que Maduro saliera a contraatacar rompiendo las negociaciones con la oposición en México, porque la sanción que ya tiene del Tesoro de EE. UU. contra sus allegados puede terminar, tras los testimonios del barranquillero, en pedidos de extradición. Por eso advirtió, desde que se confirmó su envío de Cabo Verde a Miami, que todo el proceso judicial se trató de un “secuestro”.
Además, Caracas –por orden de Maduro– arrestó a seis exejecutivos de Citgo que tienen doble nacionalidad, estadounidense y venezolana, por lo que la Casa Blanca pidió garantías para ellos, ya que esto se leyó como una represalia por la extradición de Saab. EL COLOMBIANO consultó con fuentes en Venezuela por su paradero, y tanto abogados como diplomáticos manifestaron desconocerlo.
“Estados Unidos sigue pidiendo su inmediata liberación y su regreso a los Estados Unidos”, añadió una fuente del Departamento de Estado citada por la agencia Efe.
¿Y el cartel de los soles? Saab, según supo este diario por fuentes cercanas al caso, tiene las rutas que Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, y sus generales usaron para lavar dinero producto del narcotráfico, en asocio con las disidencias de las Farc y el ELN. Ese dinero se habría movido por las mismas cuentas que sirvieron de fachada para esconder las ganancias de las cajas Clap.
Estados Unidos está tan seguro de que ahí hay un entramado corrupto que se conecta, y que toca a los estados fronterizos con Colombia como Apure, Zulia y Táchira que, incluso, la justicia de ese país ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Padrino y sus cómplices, entre quienes se incluye el exnegociador de paz colombiano por las Farc y jefe disidente Iván Márquez, quien está prófugo.
Implicaciones en Colombia
En el caso colombiano, la extradición de Saab no solo tiene que ver con la frontera y sus negocios. En el país hay un expediente que no solo toca al expolicía que le informó de la orden de captura en su contra, que en 2019 frustró su arresto en la lujosa mansión que tenía en Barranquilla y que está avaluada en más de $25.000 millones.
También se están rastreando los acercamientos que tuvo con la exsenadora Piedad Córdoba, quien no ha negado esa cercanía pero sí cualquier conocimiento de actividades ilegales de Saab.
Incluso, según supo EL COLOMBIANO, se analiza si hay algún tipo de vínculo entre el barranquillero y los hijos de la excongresista y hoy candidata al Legislativo por el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Una mansión en Florida, que habitaron en su momento familiares de Córdoba, es parte de la pistas judiciales.
Mientras se depura la información que comenzará a dar Saab en Florida, el intercambio de información entre EE. UU. y Colombia avanza por buen camino, al punto que este diario estableció que habrá al menos otras tres acusaciones de la justicia norteamericana contra colombianos, quienes podrían terminar siendo pedidos en extradición por ese país.
Tras 400 días preso en Cabo Verde, y luego de un viaje de seis horas en un avión fletado por la DEA, Saab estará ante un juez, desde el medio día de hoy, y será interrogado sobre esta serie de operaciones multinacionales corruptas. Caracas y Bogotá están atentas a cómo se desarrolla el proceso judicial, aunque su familia anticipó que no piensa colaborar
350
millones de dólares es la cifra que habría lavado Saab de las arcas de Maduro, según EE. UU.
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