Una corte de apelación francesa rechazó este viernes la petición de suspensión de ejecución de pena de la empresa certificadora alemana TÜV, condenada a pagar 60 millones de euros a 20.000 demandantes en el caso de las prótesis mamarias PIP.
Esta decisión obliga a la empresa alemana a pagar 3.000 euros a cada demandante, antes de que se conozca el resultado de un procedimiento de apelación, explicaron en un comunicado dos abogados de las demandantes, Olivier Aumaître y Deborah Roilette Gignoli.
“Exigiremos que los pagos se hagan rápidamente, caso contrario pediremos a las instituciones europeas que suspendan sus actividades de certificación con TÜV Rheinland”, dijo por su parte a la AFP Laurent Gaudon, que representa a otras 7.000 demandantes.
TÜV Rheinland y su filial francesa “van a proceder a los pagos provisionales tras la decisión” de justicia, anunció la empresa certificadora, encargada de supervisar las prótesis mamarias PIP, en un comunicado.
Esta empresa alemana fue condenada en enero por un tribunal francés a indemnizar con 60 millones de euros a 22.000 demandantes, en su mayoría latinoamericanas, ya que no verificó “la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios”.
El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) saltó a la luz pública en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba emplear.
La certificadora alemana se limitaba controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada.
Muchas de estas prótesis mamarias fueron vendidas en Latinoamérica.
