Las masacres aumentaron en Colombia este año y todo parece indicar que, de forma paradójica, los acercamientos de paz entre el Estado y los grupos armados ilegales crearon la brecha de inseguridad para que sucediera.
De acuerdo con la estadística del Ministerio de Defensa, en el primer semestre de 2023 hubo 48 masacres, que dejaron 163 víctimas; mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 41 hechos, con 138 muertos.
Hay que especificar que desde el anterior mes de mayo el Gobierno comenzó a considerar que una masacre se documentaba a partir de tres muertos y no de cuatro, como solía hacerse desde principios del siglo XXI, por acuerdo entre el Instituto de Medicina Legal, Mindefensa, la Fiscalía y la Fuerza Pública.
Esta situación modificó considerablemente el registro, pasando de 8 a 48 casos, igualándose con los que venían documentando las ONG de Derechos Humanos y los centros de pensamiento, como Indepaz.
Los departamentos más afectados han sido Atlántico y Valle del Cauca, con siete episodios cada uno; y Antioquia y La Guajira, que suman de a cuatro.
En la lista de los principales perpetradores aparecen los mismos de siempre: las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y bandas de narcos y extorsionistas locales, que se pelean por el territorio, las rentas ilegales y el control social.
Aunque las masacres han sido una triste realidad en Colombia desde los años 80, el gobierno de Gustavo Petro había creado una alta expectativa de pacificación con su proyecto de “paz total”.
Con este propósito se reactivó la mesa de paz con la guerrilla de ELN y se instalaron las de las bandas del Valle de Aburrá y de Buenaventura; se consolidaron acercamientos exploratorios con las dos disidencias farianas (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y el Clan del Golfo.
Al mismo tiempo, mediante comunicados públicos expresaron su voluntad de participar en el proyecto los excomandantes y desmovilizados de las antiguas Autodefensas paramilitares (AUC), así como otras estructuras de crimen organizado importantes, como “la Inmaculada” (Valle), “los Caparros” (Bajo Cauca) y “los Rastrojos Costeños” (Barranquilla). También se unieron las mesas de trabajo carcelario de Cómbita (Boyacá), La Picota (Bogotá) y Tramacúa (Valledupar).
Y entonces, si los principales actores armados están “en modo paz total”, ¿por qué las masacres no ceden en Colombia?
Inacción de las autoridades
Para el investigador en temas de seguridad y defensa, Alberto Sánchez Galeano, es ese mismo plan de buscar la paz dialogada el que les está dejando la puerta libre a los verdugos, paradójicamente.
“El factor principal es optar por una vía negociada con casi todos los actores armados, que involucra la renuncia a la confrontación en ámbitos importantes”, dijo.
Desde su óptica, la Fuerza Pública ya no confronta a los grupos ilegales en muchas regiones del país, para evitar que se diga que está incumpliendo las treguas, “y por más bien intencionado que sea el esfuerzo por la negociación, tener escenarios de cese el fuego con un actor criminal, necesariamente afecta la capacidad que tiene el Estado para enfrentar a ese actor y a otro que converja en la misma zona”, acotó.
Esta situación es evidente en las regiones en las que confluyen tres o cuatro grupos al margen de la ley, como Antioquia. En varios eventos, el gobernador Aníbal Gaviria ha dicho que la “paz total” solo ha servido para empoderar a los delincuentes.
“Están aprovechando vacíos, errores, improvisaciones de la paz total para incrementar sus actividades delictivas. A veces uno piensa que el comisionado de Paz (Danilo Rueda), no sé si por la falta de tiempo o equipo, es increíble que tenga más tiempo para hablar con agrupaciones ilegales que con gobernadores y alcaldes”, cuestionó Gaviria a finales de junio, en un encuentro con gobernadores, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar.
La desaceleración de la ofensiva estatal generó que varios grupos iniciaran procesos de expansión territorial.
“Al mismo tiempo que la Fuerza Pública cesa la confrontación, porque hay treguas, los actores armados entre ellos no lo hacen, y buena parte de esas tensiones se resuelven con esta clase de crímenes. Las masacres son parte de ese repertorio de los actores armados, por el tipo de actividades que controlan y los espacios que tienen en disputa”, expresó Sánchez.
Dada esa situación, y ante el reciente inicio del cese el fuego bilateral con la guerrilla, se preguntó: “¿Qué va a pasar ahora en los sectores en los que convergen muchos actores con el ELN? La obligación de no adelantar medidas ofensivas corre para las dos partes, pero esto no quita que en algunos sitios dejar de atacar al ELN implica que lo actores que convergen ahí van a seguir operando con cierto margen de libertad”.
La estadística del Mindefensa refleja que esa poca ofensividad también ha permitido el aumento de otros indicadores negativos: el secuestro pasó de 77 casos en el primer semestre de 2022, a 161 en similar periodo de 2023; la trata de personas, de 243 a 382; el hurto a personas, de 154.386 a 188.976; la extorsión, de 3.911 a 5.259, entre otros.
Asimismo, la erradicación manual de coca cayó de 40.276 hectáreas a 6.310; la incautación de cocaína, de 362 toneladas a 317; y de marihuana, de 245 ton. a 207.
Obligación constitucional
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó que “el que exista un cese el fuego bilateral con el ELN no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión, el secuestro o los homicidios”.
Durante el anuncio oficial de la tregua de seis meses prorrogables con la guerrilla, insistió en que “la Fuerza Pública tiene la responsabilidad de continuar cumpliendo con su función constitucional. Se suspenden las operaciones ofensivas, las que están dirigidas a la confrontación armada, pero en lo demás tiene que continuar la Fuerza Pública cumpliendo su obligación”.
