El Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha presentado su nueva política contra las drogas, pero desde ya la Fiscalía General de la Nación que dirige Francisco Barbosa anunció su voto negativo contra esa propuesta.
El encargado de oficializar el documento es el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y su despacho aún no ha emitido los folios de la que será la hoja de ruta para cambiar los lineamientos de la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante los próximos diez años
Si bien el borrador no es público, las bases de ese documento han circulado en las mesas de trabajo de la cartera de Justicia, además la Fiscalía ya recibió un boceto con el contenido que tendrían esas páginas.
Por lo que se conoció de esa texto preliminar es que el fiscal Barbosa anunció su voto en contra de la propuesta que deberá ser estudiada en el Consejo Nacional de Política Criminal, un rechazo del ente acusador al Ejecutivo que no se había presentado en 30 años.
Lo que dice Barbosa es que en la política antidrogas hay elementos que serían imposibles de implementar y que este carece de estrategias para impactar el narcotráfico de manera integral. La queja del fiscal señala que el texto necesita ser armonizado con la normatividad colombiana, más exactamente con el Código Penal, pues este tendría puntos que no convergen con lo ya dispuesto en la legislación nacional.
Lo que se sabe de la política
La información que se tiene sobre los pormenores de la política antidrogas es que será presentada este año –porque su rango de acción es del 2023 a 2033– y que fue pactada con las comunidades de cultivadores de las regiones, como una forma de involucrar a una de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico en la solución al problema que este flagelo representa.
El ministro de Justicia la describió como un tránsito a la legalidad en el que facilitarán la sustitución de cultivos y los traslados de los cultivadores que deseen cambiar sus zonas de residencia, detalles que dio durante un evento que tuvo lugar el 11 de julio.
Ese planteamiento de la cartera incluye buscar usos lícitos de la hoja de coca y la amapola a partir de la ciencia, para desarrollar fertilizantes, medicamentos y “una cantidad de sustancias que el Gobierno está dispuesto a apoyar”, como lo subrayó Osuna.
Sobre el consumo de estupefacientes de uso adulto, dijo Osuna a título personal que “debe ser un asunto del libre desarrollo de la personalidad”, mientras que para el consumo problemático planteó que se daría un abordaje desde la perspectiva de salud pública.
“Frente al narcotráfico la política cambia completamente. Ahí sí es una política de asfixia, cada vez estamos siendo más eficientes en la incautación de cocaína (...) Queremos desterrar el narcotráfico”, dijo el ministro en aquella ocasión.
Esos son los únicos apuntes recientes que ha hecho el ministro sobre la política antidrogas. No obstante, la advertencia que lanzó el martes el fiscal es que sus lineamientos van en contra de la normativa.
Barbosa dice que en el Gobierno “tendrán que adaptar ese plan a la realidad normativa que existe en Colombia, porque usted puede pensar que va a cambiar completamente la política criminal en temas de narcotráfico en un país, pero usted tiene que consultar la existencia de la legislación actual (...) Que es la que nos somete a nosotros como Fiscalía”, dijo ante los micrófonos de Blu Radio.
Son tales las dudas sobre la minucia de la política antidrogas de la administración Petro, que fuentes expertas consultadas por este diario omitieron hacer comentarios sobre esta polémica entre la Fiscalía y el Ministerio hasta que no se conozca el documento oficial.
Desde el ente acusador señalaron que no harán más pronunciamientos al respecto y el Ministerio de Justicia respondió que, por lo pronto, no hay nuevas declaraciones de Osuna acerca del texto. Y, mientras las instituciones sientan su posición sobre ese proyecto que está por llegar, en asociaciones campesinas como Coordosac ratificaron su respaldo a la nueva política antidrogas porque, por primera vez, pudieron participar en su construcción y sienten el respaldo de un gobierno que no los pone en la misma escala de los narcotraficantes.
