Las “regiones de paz” del presidente Gustavo Petro ya están listas y persiguen un objetivo principal: pacificar los territorios y facilitar los diálogos con los grupos armados y las estructuras ilegales de todo el país con un énfasis en las necesidades de cada territorio. Pero, ¿dónde estarán ubicadas, para qué sirven y qué límites y alcancen tienen?
Tal como estableció el articulado 2272 de 2022, más conocido como la Ley de paz total, dichas zonas serán para concentrar las acciones del Estado relacionadas con la paz y la seguridad de los departamentos, pero no tienen nada que ver con una especie de “ubicación temporal” de los ilegales ni con despejes de la Fuerza Pública o algo por el estilo.
En palabras del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, los criterios para seleccionar dichas zonas tuvieron qué ver con qué organizaciones armadas tienen el “control hegemónico”, si se presentan condiciones de miseria y exclusión y qué tipo de economías ilícitas funcionan en cada sitio.
Fue así como el Gobierno presentó ocho grandes grupos con 31 de los 32 departamentos que tiene el país (Ver infografía), excluyendo solo a las islas de San Andrés y Providencia, un territorio que, dadas su condiciones geográficas, ha logrado huir de ese conflicto de grupos que azota al resto del país.
Disidencias y ELN:protagonistas
Pero, más allá de sus cercanías geográficas, Rueda distribuyó las zonas teniendo en cuenta las dinámica de violencia que se conectan entre sí a veces desde sitios muy distintos.
En la Zona 2, por ejemplo, fueron ubicadas Antioquia y Valle del Cauca, “un hecho que tiene sentido si se tiene en cuenta que las capitales Medellín y Cali tienen muchos negocios en común y alianzas y disputas entre bandas”, analizó la investigadora de Indepaz, Juana Cabezas, una experta que trabaja en campo analizando el conflicto armado de cada región.
Según Cabezas, casi todas las zonas comparten en común que son disputadas por el ELN, las AGC o Clan del Golfo y las disidencias de Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central.
En la Zona 1, por ejemplo, “hay una disputa muy fuerte entre la Segunda Marquetalia y el EMC, aunque Mordisco (jefe del EMC) tiene mayor dominio de esa zona”, explica la experta.
Mientras que en la 3 hay un control más intenso entre Los Panchencas y el Clan del Golfo.
Las demás zonas se enfrentan a disputas territoriales entre el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central.
El rol de “subcomisionados”
Ahora bien, sobre las limitaciones y alcances de esas zonas de paz, está claro que el Ejército y la Fuerza Pública seguirá operando en cada uno de esos territorios y que la división es más que todo administrativa, para avanzar los acercamientos y diálogos de paz y verificar que se cumplan los pactos con cada banda.
Tal como anunció el Gobierno Petro, cada zona tendrá su propio comisionado local que, según la ley de paz total, deberá concentrarse en la participación de la sociedad y en verificar y transmitir los avances y retrocesos de cada grupo armado en las regiones.
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Pero dichos comisionados también tienen límites muy claros y “no tendrán competencia para adelantar diálogos, realizar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos armados al margen de la ley y tampoco para realizar acercamientos o conversaciones en términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Por ahora, se espera que esa sectorización de los diálogos ayude a disminuir las cargas de Rueda y permita conocer los avances de cada región más detalladamente. Mientras tanto, el país está a la espera de los nombres de cada uno de esos comisionados locales y de sus equipos para estar presente en las regiones.
