Un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no acogió el pedido y en consecuencia este podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.
El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, hay pie para a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados.
Cuando comenzó a exponer luego en una larga disertación por qué pensaba que no había sin embargo elementos para asegurar que estos dos procesados hayan participado en argucias para torcer el proceso ni para inferir que fueran a dejarse de presentar a las diligencias, todo hacía pensar que iba a desechar por completo cualquier medida de aseguramiento.
No obstante, apuntó después que la sociedad sí requiere una protección frente a la magnitud del daño presuntamente ocasionado con el supuesto detrimento de 2.481 millones de pesos, pero estableció diferencias entre las participación que habría tenido Quintero y la de Ortega.
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Quintero y Ortega fueron imputados el pasado 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública: el primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por el último de estos cargos.
Esto por hechos relacionados con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2021 y 2023; su valor total fue de 17.656 millones de pesos en seis contratos.
De acuerdo con la delegada del ente acusador, de ese monto habrían esquilmado 2.481 millones de pesos que cobraron en coimas; a Miguel Quintero Calle le habrían correspondido $1.653,3 millones y a Ortega 133 millones, en tanto que a Álvaro Villada (peculado e interés indebido de contratos), quien fungió en un periodo como subdirector administrativo y financiero del AMVA, le habrían tocado $693,7 millones; y los habría coadyuvado, según el expediente, por la exasesora jurídica de la misma entidad Vanesa Álvarez, que fue imputada por interés indebido.
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Se trata de la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa.
Este es el caso de presunta corrupción relacionado con la anterior alcaldía que más se ha movido en el último tiempo y en buena medida ha sido por la cantidad de personas que decidieron colaborar con la justicia, entre ellos Cadavid y otra presunta implicada en un caso similar del AMVA.
Entre los dos han puesto a disposición un gran acervo a partir del cual, justamente, la Fiscalía vinculó a Miguel Quintero y la cúpula mayor de lo que sería el tinglado para esquilmar el erario, que habría operado durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. También han mencionado, por ejemplo, que el exalcalde Quintero habría conocido de todo lo que ocurría y hasta habría sido quien repartió distintas dependencias para que terceros controlaran la contratación y cobraran comisiones por los contratos.
También han dado información valiosa Rúa y el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao.
Otra arista que ha retroalimentado el caso de bomberos es la investigación por contratos que se hicieron durante el mismo periodo por cerca de $18.000 millones, para el mantenimiento y algunas obras en el Parque de las Aguas, con dineros aportados igualmente por el Área. Justamente una de las presuntas implicadas allí es quien ha aportado los chats, fotos y otro tipo de documentos en los que se vería la articulación de Miguel Quintero con Ortega y Villada, así como con el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y otros exfuncionarios para controlar la contratación.
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Una de las contratistas del Parque de las Aguas que fue imputada está buscando que le acepten un principio de oportunidad (lo que significa beneficios a cambio de dar información). Además, el excontador de los Bomberos, Cardona Henao, confesó el delito de presunta falsedad en documentos y se sometió a la sentencia anticipada, pero igualmente ha aportado datos a la investigación.
Hasta ahora, las únicas personas entre los once imputados con medida de aseguramiento habían sido Cadavid y Rúa, a partir de noviembre de 2025. No obstante, el primero recobró la libertad en marzo pasado cuando un juez le avaló la matriz de colaboración con la justicia.
Estos fueron los argumentos de la decisión:
Miguel Quintero deberá recluirse voluntariamente en el domicilio que ya ha reportado desde este mismo 2 de octubre, según se lo advirtió el Juez 27 Penal Municipal, so pena de que si no lo hace, se expida una orden de captura contra él, pues la medida cautelar que se le dictó rige de inmediato.
Los defensores de Quintero y Ortega se manifestaron conformes con la decisión del operador judicial, pero la delegada de la Fiscalía y el representante del Área Metropolitana adelantaron que apelarán. Es decir que en el asunto irá a una segunda instancia con un juez Penal de Circuito que en un lapso de unos 10 días hábiles estaría decidiendo.
El Juez 27 Penal advirtió en un principio que no tendría en cuenta para decidir sobre la libertad de Quintero y Ortega la hipótesis (que planteó la Fiscal 40 anticorrupción) de que estos habrían acudido a argucias diversas para presionar a los testigos, por cuanto, según dijo, esta se basó en “publicaciones de prensa” o “llamadas anónimas”.
Igualmente, descartó que hubiera un riesgo de fuga, partiendo de que los imputados han comparecido a todas las diligencias citadas y no hay evidencias de que pretendan abandonar el país. Una de las razones de la Fiscalía habría sido que cuentan con visa y con recursos suficientes, pero el juez aseveró que este último factor, lo económico, no fue sustentado.
Posteriormente, no obstante, se explayó en el relato de la forma como se habrían cometido los delitos con diversas actuaciones entre 2020 (o incluso antes) y 2023, direccionando nombramientos y contratos en el AMVA. También habló de las evidencias mostradas, como los chats de “Amigos” y del “grupo de trabajo sin condones”, a través de los que se habrían coordinado los ingresos de personal a la entidad y el manejo de contratos al margen de los canales institucionales.
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“De manera muy particular aquí la sociedad, y cuando hablo de sociedad es el Área Metropolitana del Valle Aburrá (...) sí considero que se ha visto afectada y potencialmente podría seguir siendo afectada”, dijo y concluyó anunciando la medida cautelar solo para Miguel Quintero.
Ninguno de los dos podrá comunicarse con los testigos, peritos o familiares vinculados al proceso.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué Miguel Quintero recibió casa por cárcel por el caso del Área Metropolitana?
- El juez 27 Penal de Medellín impuso detención domiciliaria al considerar que existe una inferencia razonable sobre su presunta participación en los delitos imputados y que el caso involucra un supuesto detrimento de $2.481 millones. La decisión se tomó durante la audiencia de medida de aseguramiento.
- ¿Qué decidió el juez sobre Sebastián Ortega en el caso del AMVA?
- El juez no avaló una medida de aseguramiento contra Ortega, por lo que podrá continuar el proceso penal en libertad. Según la decisión, su participación habría estado relacionada con uno de los contratos investigados.
- ¿Qué delitos le imputaron a Miguel Quintero por el caso del AMVA?
- La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación está relacionada con contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
- ¿Cuánto dinero habría sido objeto del presunto detrimento en los contratos de Bomberos de Itagüí?
- Según la Fiscalía, de los $17.656 millones correspondientes a seis contratos celebrados entre 2021 y 2022, presuntamente se habrían apropiado $2.481 millones. Estos valores corresponden a la hipótesis presentada por el ente acusador y no a una condena.
