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En octubre de este año, el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, SINPRO, cumplió 20 años y durante su trayectoria se ha caracterizado por defender tanto los intereses de los trabajadores como el patrimonio público: “Proteger a EPM es defender la institucionalidad y a los ciudadanos”, subraya Olga Lucía Arango, presidenta de la organización.
El sindicato nació en Medellín en el 2002, y a la fecha cuenta con más de 4.900 afiliados de EPM y Tigo-UNE, quienes desempeñan labores de tipo profesional, tecnológico o técnico. A través de la Convención Colectiva de Trabajo, el sindicato les ha garantizado estabilidad y óptimas condiciones laborales. La firma de la última convención entre EPM y SINPRO se dio en abril del 2021 y está vigente hasta 2024, mientras que la de UNE finaliza este año. “Nuestra misión natural es la defensa de los trabajadores, y lo más importante para el sindicato es la convención, porque son los beneficios para ellos y sus familias”, agrega.
Los logros
Durante estos 20 años, su trabajo sindical ha trascendido el objetivo de velar por las condiciones laborales de sus afiliados y se ha enfocado también en la defensa de EPM en diferentes coyunturas, ha promovido conversatorios con distintos candidatos a la Alcaldía de Medellín para conocer su posición frente a la empresa, y ha generado debates relacionados con las transferencias, el programa EPM sin Fronteras, las inversiones en el exterior, Hidroituango y el negocio con Afinia, una empresa —filial de EPM— prestadora del servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y en 11 municipios del sur de Magdalena.
Según Arango, uno de los mayores logros del sindicato es el posicionamiento como un actor social importante en el país. “No es gratuito que actores laborales, gremiales, empresariales, académicos, políticos, sociales y medios de comunicación, destaquen la seriedad y liderazgo asumido por SINPRO en la defensa de EMP, UNE, el proyecto Hidroituango y la institucionalidad”, dice.
Entre los hitos más importantes de estas dos décadas, dice Olga Lucía Arango, también se encuentran la oposición del sindicato a la fusión UNE-Millicom por considerar que afectaba el patrimonio público; así como su papel entre 2015 y 2016 para evitar que el Congreso modificara la Ley 142 de 1994, que pretendía ampliar el objeto social de las empresas de servicios públicos a “actividades que nada tenían que ver con su naturaleza y que iban en detrimento de los usuarios en todo el país”.
Con respecto a Hidroituango, el sindicato ha hecho constante veeduría para “concientizar sobre los riesgos de nuevos retrasos, y las alertas por la entrega de las obras finales a una empresa china”, dice Arango.
SINPRO, además de continuar con sus labores de veeduría y búsqueda de las mejores condiciones de trabajo para sus afiliados, hace un llamado para que los distintos actores de la ciudad también hagan seguimiento y contribuyan al propósito de conservar el carácter público de Empresas Públicas de Medellín, una entidad fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
*Contenido en Colaboración con SINPRO