Varios congresistas justifican la ampliación del fuero militar alegando que la Fiscalía General de la Nación injusta y arbitrariamente persigue a los hombres uniformados. Manifiestan que la Fiscalía le ha abierto procesos a más de 15.000 hombres, "sacándolos del teatro de combate porque tienen investigaciones". La presentan como un ente parcial y tiránico; a los militares, como víctimas de una persecución. De aquí la necesidad de que los "héroes de la patria" sean procesados en un foro que entienda su comportamiento -el castrense- y que sean juzgados por los suyos, quienes pueden entender las acciones típicamente militares que ellos realizan. Este es el argumento, ni más ni menos.
Lo que no cuentan los senadores y representantes que promueven el cambio constitucional para escudar a los militares de investigaciones penales ordinarias son las conductas por las cuales la Fiscalía adelanta los procesos en su contra. Las investigaciones no corresponden a conductas que se puedan considerar como propias del servicio. Por ejemplo, hay miles de casos por violencia intrafamiliar; hurto; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; lesiones personales; inasistencia alimentaria; y abuso de autoridad. Hay cientos de investigaciones por delitos atroces, como secuestro y tortura. Además, hay un poco más de mil investigaciones por delitos sexuales contra mujeres y contra niñas menores de 14 años.
A todo el mundo se le debe la presunción de inocencia y todos tienen el derecho al debido proceso, la Fiscalía debe garantizarlo. Lo que no es aceptable es que un ente adscrito al Ministerio de Defensa adelante investigaciones criminales por este tipo de delitos. La Fiscalía es el ente que tiene que seguir investigando estos hechos; desafortunadamente, son miles presuntamente perpetrados por militares y policías.
Finalmente, me refiero al otro tipo penal que supuestamente es utilizado políticamente para perseguir a los hombres del Ejército: el homicidio. Existen en la Fiscalía investigaciones por más de 6.000 víctimas de homicidio presuntamente atribuibles a miembros de la Fuerza Pública. Estas incluyen hechos en diversos contextos: muertes violentas acontecidas en el marco de disputas familiares, muertes causadas por conductores ebrios, o muertes que resultan después de riñas en las cuales se usan las armas de fuego.
Hay otra modalidad de homicidio que es investigado por la Fiscalía que debería preocuparnos a todos, puesto que se utilizaron recursos públicos para perpetrarla: los falsos positivos, asesinatos fríamente calculados que implicaron la abducción de una víctima que fue transportada a un paraje remoto en donde fue ejecutada, para luego ser manipulado su cadáver y presentado como botín de guerra.
Este acto se repitió una y otra vez en todo el territorio nacional. Las víctimas no sólo fueron negadas sino que fueron expuestas suciamente cómo presas de caza. Hay miles de estos casos y las investigaciones de la Fiscalía apenas comienzan a dar resultados. La empresa fue macabra y todo parece indicar que tiñe a la institucionalidad o, al menos, a algunos insignes miembros.
Por más incomoda que sea esta verdad -y creo que la mayoría de ustedes coincidirá- es importante que sepamos lo que pasó. Sin embargo, si la reforma a la Constitución no se detiene, estos casos dejarían de ser investigados por la Fiscalía y pasarían a ser tramitados por funcionarios del Ministerio de Defensa, ni más ni menos.
Esta no es mi idea de justicia y espero que no sea la de muchos.
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