Colombia se convirtió ayer en el primer país de América y el sexto del mundo en suscribir un acuerdo para acoger en su territorio a condenados por la Corte Penal Internacional (CPI).
El presidente de la República Juan Manuel Santos y el presidente del CPI, el surcoreano Sang-Hyun Song, de visita en Colombia, firmaron el Acuerdo de Ejecución de Sentencias en un acto en la Casa de Nariño.
"Cuando alguien es condenado por la CPI, debe cumplir una pena de cárcel. En ese caso, se necesita encontrar un país que acepte que esa persona pague la sentencia en su territorio", señaló Sang-Hyun.
El jurista surcoreano añadió que "Colombia es el primer Estado de Latinoamérica y el Caribe, de hecho el primer país de las Américas, que suscribe un acuerdo para el cumplimiento de las sentencias con la CPI" y confió en que ello "aliente a otros Estados de la región a seguir su ejemplo".
"Al firmar este acuerdo, Colombia se une a un grupo de tan solo seis naciones que han adquirido dicho compromiso: Austria, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Serbia. Este es un momento histórico", afirmó.
El acuerdo hace parte del Estatuto de Roma --elemento constitutivo de la CPI-- y dispone que los Estados firmantes reciban a reos, de diversas nacionalidades, cuyas penas fueron impuestas por los magistrados de la Corte.
Sang-Hyun inició ayer una visita oficial de dos días a Colombia y se reunió, antes de su cita con Santos, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
El presidente de la CPI destacó, tras la firma del acuerdo, que Santos fue el primer gobernante en acudir a una asamblea de este tribunal internacional que deliberó en diciembre pasado en la ciudad de Nueva York.
"Es un momento histórico, ya que Colombia es el primer Estado de América Latina" en firmar el pacto con dicho organismo internacional", aseguró Song en la Casa de Nariño.
En sus reuniones con los representantes del poder judicial colombiano, Sang-Hyun fue informado en detalle de la Ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización de unos 50.000 integrantes de organizaciones armadas ilegales, como las autodefensas y las guerrillas de las Farc y el Eln.
Entre los desmovilizados figuran unos 31.000 paramilitares que negociaron con el anterior Gobierno de Álvaro Uribe, a cambio de confesión y sentencias de no más de ocho años de prisión.
Sobre estos procesos, el jurista surcoreano aclaró que no tiene mandato "para evaluar ni para opinar sobre el progreso de los juicios y casos que se están estudiando en el territorio colombiano, que son de jurisdicción colombiana" y opinó que "sería un error hacerlo".
Sang-Hyun remarcó que espera que la justicia colombiana "asegure que los perpetradores de los delitos sean penalmente responsables y también asegurar la reparación de las víctimas".
Aliado contra la impunidad
Santos, a su turno, reiteró que "el Estado colombiano está dispuesto a hacer un gran esfuerzo" para alcanzar la justicia y la reparación y que la CPI es un aliado importante de Colombia en la lucha contra la impunidad, las violaciones de los derechos humanos, la reparación de víctimas y el fortalecimiento de la justicia.
"Su creciente legitimidad y prestigio la han convertido en un referente obligado para aquellos países que buscan una transición de la violencia a la paz sin olvidar las exigencias de la justicia", aseguró el Mandatario.
Santos destacó que su gobierno ha sido muy activo en apoyar iniciativas relacionadas con la justicia penal internacional y ahora adelanta "trámites para hacer efectiva la donación al Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional".
El Jefe de Estado también aseguró que la orden de arresto solicitada por la CPI en contra de Muamar Gadafi y varios familiares constituye un paso fundamental de la justicia internacional. "En cualquier del mundo quienes cometan crímenes de lesa humanidad deben comparecer ante la Ley y responder por sus crímenes", dijo Santos ante Sang-Hyun.
Además de reunirse con Santos, el presidente de la CPI se entrevistó con la fiscal general, Viviane Morales; el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras y con el procurador general, Alejandro Ordóñez.
También se reunió con los representantes en Colombia de algunas agencias de las Naciones Unidas, como la de Derechos Humanos y la del Desarrollo, y además pronunció una conferencia en la Universidad de los Andes.
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