El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó el pasado jueves la Ley 1445 de 2011, Ley del Deporte, conocida ya popularmente como la Ley del Fútbol, con la cual se pretende ordenar y pacificar el balompié profesional colombiano que, en los últimos años, se ha visto empañado por múltiples escándalos administrativos y de violencia.
El fútbol, el más popular de los deportes en nuestro país y uno de los mayores pasatiempos de los colombianos, atraviesa la peor crisis de su historia. La desorganización de la mayoría de los equipos profesionales los ha llevado a graves problemas administrativos y laborales. Sus estructuras societarias no son claras, varios de ellos tienen antecedentes de manejos de dineros calientes y una buena parte les incumple a sus jugadores y empleados en materia de salarios y prestaciones sociales.
Al mismo tiempo, el vertiginoso crecimiento de la violencia entre grupos de mal llamados hinchas tiene en jaque a las autoridades, que han visto, muchas veces impotentes, cómo se matan o agreden muchos de ellos dentro y fuera de los estadios. Semana tras semana se repiten historias de agresiones, riñas a puñal, grescas con la Fuerza Pública, daños en bienes ajenos y cierres de estadios.
La Ley del Fútbol tiene dientes para atacar estas dos grandes problemáticas. En la parte de la reorganización de los clubes se estipula la obligación de los mismos de convertirse en corporaciones o asociaciones deportivas o en sociedades anónimas. El manejo de los dineros y el tema laboral serán celosamente vigilados. Los equipos que les incumplan a los jugadores o trabajadores perderán su reconocimiento deportivo y serán sancionados penalmente.
En materia de seguridad se consagran drásticas sanciones a los violentos en las tribunas, en los alrededores de los estadios, en otros sitios de las ciudades o, incluso, en las carreteras del país. Las personas que sean detenidas por agredir a un árbitro, a un jugador o a un hincha de otro equipo, serán multadas con fuertes sumas de dinero y se les prohibirá entrar a los estadios por largos períodos. El porte o utilización de armas, explosivos u otros elementos peligrosos, será castigado además con cárcel no menor a cinco años.
La Ley del Fútbol está escrita y vigente. Ahora se necesita que las autoridades la hagan cumplir. La Dimayor, que reúne a todos los equipos profesionales, hizo la promesa de que en agosto, cuando se inicie el segundo campeonato del año, todos sus afiliados tendrán la casa en orden. ¿Cumplirán lo prometido? ¿Cómo harán para sanear sus finanzas varios equipos que tienen deudas millonarias?
En lo que tiene que ver con la violencia, ¿podrá nuestra fuerza pública identificar y capturar a los violentos? ¿Cómo van a prohibirles la entrada a los estadios si no tenemos sistemas de identificación y control? ¿Tendremos judicializaciones rápidas y efectivas para poder castigar a estos revoltosos?
Nuestro fútbol está a punto de naufragar y el conjunto de medidas de la nueva Ley puede ser un salvavidas, pero si se cumple su mandato. No más promesas, no más listas de buenas intenciones, no más lamentos cuando ocurran otras tragedias o estallen nuevos escándalos. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos.
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