Por diversas razones, durante los últimos meses los temas relacionados con el desarrollo de la agricultura y el sector rural han sido motivo de discusión pública. Las actuaciones y las respuestas gubernamentales a los mismos suscitan cuestionamientos sobre los objetivos de la política agropecuaria y el grado de coherencia de la misma.
Así, el acuerdo alcanzado en las negociaciones de paz en La Habana acerca del tema agrario y rural puso sobre la mesa lo esencial que resulta resolver los viejos problemas de la tierra y la necesidad imperiosa de impulsar el desarrollo de la agricultura y los territorios rurales.
Esto ha tenido como consecuencia que se hable de la necesidad de poner en marcha una gran agenda pública sectorial para el postconflicto. Dicha agenda debe hacer especial énfasis en los asuntos productivos y en la generación de bienes públicos para el bienestar y el progreso de los habitantes del campo. La ejecución de la agenda demandará un inmenso esfuerzo del aparato estatal
De otra parte, el pasado paro cafetero y los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional con otros gremios agropecuarios, como el arrocero, el papero y el cacaotero, han puesto de presente que el desarrollo de la agricultura continúa soportándose en un importante componente de subsidios y apoyos. Estos se caracterizan por no requerir, por parte de los beneficiarios, ningún tipo de contraprestación en términos de mejoramiento productivo.
El problema legal que se ha creado con la compra de baldíos en la Orinoquia ha conllevado un cuestionamiento al tipo de modelo agrícola que se quiere adelantar en dicha zona y en el que se contrapone el desarrollo agroempresarial al de la pequeña propiedad. Las actuaciones del Gobierno Nacional han ido en la dirección de impulsar el desarrollo de grandes inversiones privadas en la altillanura, facilitando la vinculación de los pequeños productores a dichos desarrollos.
Finalmente, las cifras del aporte de la agricultura al crecimiento del PIB total han puesto en evidencia que el sector está lejos de convertirse en una locomotora que jalone el desarrollo del país.
De esta manera, mientras en La Habana se habla de una gran agenda pública para impulsar la agricultura y el desarrollo rural, en el país se tiene que el propósito de hacer de la agricultura una de las locomotoras del desarrollo no ha cuajado por falta del apoyo decidido y sólido por parte del gobierno. ¿Cambiarán las cosas si hay un acuerdo de paz con las Farc?
Un mayor crecimiento de la agricultura requiere, antes que de subsidios y apoyos, centrar el gasto público en actividades que generen mayores niveles de productividad. Sin embargo, en el presupuesto de inversión el gobierno privilegia el otorgamiento de ayudas sobre la generación de bienes públicos.
A todas estas, el desarrollo y la consolidación del modelo agroempresarial de la Altillanura demanda grandes inversiones del Estado. Esto lleva a preguntarse ¿cómo se concilia una agricultura a base de subsidios con un desarrollo altamente productivo del sector?
Finalmente, cabe preguntar ¿puede darse un desarrollo rural virtuoso y sostenible sin una agricultura dinámica?.
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