Entre las 15 ciudades más violentas del mundo, del listado de 50 que dio a conocer este jueves la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Medellín es un caso especial.
No sólo porque entre sus calles conviven hombro a hombro violencias que aparecen por separado en otras urbes del planeta (la generada por guerrillas, autodefensas, bacrim o delincuencia común organizada), sino porque presentó una reducción considerable en el índice de homicidios.
De ser la cuarta ciudad más violenta del mundo en 2010, pasó al puesto 14 en 2011, bajando la tasa de 94 a 70 muertes por cada 100 mil ciudadanos.
En ese sentido, el consultor de seguridad ciudadana Diego Corrales Jiménez, se mostró de acuerdo con la apreciación de la Personería de Medellín, en que la reducción de la criminalidad en la ciudad se debe en gran parte a la recomposición del conflicto urbano.
"Se percibe una mejoría que se explica por la intervención de la Fuerza Pública pero también por el dominio que adquirió alias 'Sebastián' y la supremacía que perdió alias 'Valenciano', así como por el discurso de los 'Urabeños', que insiste en no desestabilizar el status quo de la ciudad sino en ejercer tranquilamente sus actividades de economía ilegal", señaló.
Pero Medellín no fue la única ciudad colombiana que hizo presencia en este ranking pues Cali, Cúcuta, Pereira y Barranquilla ocuparon los puestos 11, 23, 35 y 42 respectivamente.
Surámerica violenta
Los resultados del estudio hecho por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública arrojan una sombra preocupante sobre América Latina pues 40 de las 50 ciudades más violentas se encuentran en la región.
"Brasil aportó 14 ciudades al listado, mientras que México ubicó 12, cinco de ellas entre las primeras diez", dijo a este diario José Antonio Ortega, presidente de la organización mexicana.
Los tres primeros puestos fueron para San Pedro Sula, en Honduras; Ciudad Juárez, en México y Maceió, en Brasil, las cuales superaron los 135 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes.
Para Ortega, la importancia de este informe radica en que permite a los gobiernos locales tomar decisiones con respecto a sus planes de seguridad, una oportunidad única para la administración que recién toma las riendas de la capital paisa.
"El informe señala que faltan políticas públicas y presión de los medios de comunicación, así como más exigencia por parte de la sociedad civil", manifestó el dirigente, quien añadió que se debe trabajar en bajar la impunidad y consolidar la acción de fiscalías y procuradurías junto con los poderes judiciales.
Sin embargo, los autores del estudio señalan que en varios países existe resistencia por parte de las autoridades locales para aceptar las cifras, muchas de las cuales son "rasuradas" por las mismas fuentes oficiales.
"Muchos gobiernos quieren mostrar una realidad diferente a la que se vive, ya sea por motivos electorales, presión de los medios y la sociedad, o para evitar una caída en la inversión y el turismo", explicó Ortega.
Tal situación, de acuerdo con Diego Corrales Jiménez, es optimista en el caso de Medellín, pues, según él, las autoridades han avanzado mucho en materia de transparencia en la consolidación de las cifras de homicidio.
"La Secretaría de Gobierno saliente logró sentar en la misma mesa a Medicina Legal, Policía y Cuerpo Técnico Investigativo (CTI), lo que facilitó unificar los datos", afirmó el analista.
Tal ventaja, en palabras de Corrales, permitirá a la nueva administración de Medellín reestructurar el plan de intervención para garantizar la seguridad en la ciudad.
"Pero primero deben entender que mientras las estructuras y la logística que se alimenta de la economía ilegal se mantenga, no importa quién sea el jefe, pues si tumban a uno aparece otro", indicó.
Para ello propone que al aumento en las labores de inteligencia y la operatividad se sume la implementación de un modelo de seguridad que esté más atento a la configuración de las organizaciones ilegales, "que son muchas y van desde el microtráfico y la microextorsión hasta grandes lavados de dinero".
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