Una propuesta del Gobierno Nacional de incluir como posibles beneficiarios de las normas del marco legal para la paz a todos los funcionarios del Estado, generó controversia al interior de la Unidad Nacional, la cual no acompañaría esa modificación.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, "los servidores públicos que por alguna razón puedan dar lugar con su conducta a algún tipo de enjuiciamiento en su momento también terminado el conflicto por hechos dados en el mismo conflicto", se deberán beneficiar con esa eventual excarcelación.
"Lo que se trata es de ponerle punto final al conflicto y que se aplique justicia. Para que no termine colándose el que no es", sostuvo.
Esguerra precisó que los funcionarios públicos se acogerían sólo en las situaciones que tengan que ver con el conflicto armado, y citó que por ejemplo "los nexos que pudo haber tenido un funcionario civil que haya dado un funcionario público. Un detective del DAS que de una información que termine con un conflicto".
Sin embargo, de esta idea se apartó el autor y ponente Roy Barreras, quien sostuvo que es necesario indicar que es para "agentes del Estado".
Según el Senador, en las modificaciones se va a ser más expresivos en señalar que se le cierra a todo ese "tipo de personajes que no tienen nada que ver con el conflicto, hay que hacer las precisiones, cerrarle y truncarle no ser beneficiarios".
Sostuvo que la propuesta del ministro Esguerra "es lejana de ofrecer beneficios a quien no los requiere", y explicó que el marco para la paz "no es para el señor Jorge Noguera (exdirector del DAS), para la mafia, estos quedan por fuera, nunca estuvieron incluidos, estamos poniendo los cerrojos".
El otro ponente de la iniciativa, el senador Hernán Andrade, declaró que los cambios que se incluyen en el articulado "son de forma y queremos dejar claro que es solo en el marco del conflicto armado y solo quienes formaron parte del conflicto armado".
Insistió en que es necesario que se deben dar las bases para que el gobierno, el que sea, en su momento tengan las bases jurídicas para poder adelantar un proceso de paz para lo cual requieren tiempo y la expedición de estas normas demorarán más de dos años.
A su turno el senador uribista Juan Carlos Vélez, insistió en que se está votando un proyecto inconveniente que no responde a lo que pide el pueblo colombiano, me quedaré sólo y seré vilipendiado, pero sin tienen delitos de lesa humanidad que paguen una condena, así sea menor, pero que vayan a la cárcel porque las víctimas en Colombia merecen respeto".
A esta hora a las seis, la discusión continúa en la Comisión y de acuerdo con el ministro del Interior, Federico Renjifo, la norma se estaría votando este lunes.
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