A menos que se quiera engañar a alguien, cuando se habla de seguridad hay que hablar de un problema nacional. Colombia tiene una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica, y Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Si en Medellín no hubiera ocurrido un solo asesinato en 2009, la tasa de homicidio del país sería 34,4 por cada cien mil habitantes y el país ocuparía el mismo sexto lugar que ocupa hoy en el continente.
El problema de seguridad se deriva de tres factores conjugados: el narcotráfico y otras economías ilegales; el crimen organizado, especialmente las bandas emergentes, y las particularidades del posconflicto. Y para cualquiera que no esté preparando ya la próxima campaña electoral, está claro que las responsabilidades frente a estos problemas no son ni principal ni exclusivamente de las autoridades locales.
El primer responsable de la seguridad pública en el país es el poder ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, sus ministros respectivos y las fuerzas armadas. A esto no hay forma de sacarle el cuerpo. Si el actual gobierno fue exitoso en la lucha antisubversiva en el campo, ha sido imprevisivo atendiendo la seguridad en las grandes ciudades y enfrentando a las bandas armadas del narcotráfico.
Tenemos, sin duda, uno de los mejores cuerpos policiales del continente. Sin embargo, ahora demanda mayor inversión, incremento en el pie de fuerza, formación y blindaje para que las posibilidades de corrupción por parte del crimen organizado sean mínimas. La policía es nacional. Las posibilidades de acción de los alcaldes sobre su operatividad, incluso de las grandes ciudades, son mínimas.
La segunda responsabilidad tiene que ver con la rama judicial. La justicia ha recibido en los últimos años el mayor aporte financiero de toda la historia; por plata no se pueden quejar. Sin embargo, el número de casos en los que los jueces otorgan beneficios de excarcelación, casa u hospital por cárcel, o penas ridículas a peligrosos criminales sobrepasa lo excepcional. Tenemos un problema serio de corrupción en la justicia que ya está colmando la paciencia de la ciudadanía.
Las autoridades regionales y municipales están en la obligación de coordinar mejor sus esfuerzos. Es absurdo que en el Valle de Aburrá los alcaldes de Bello, Itagüí y Envigado se hagan los locos con el tema.
Medellín está haciendo un esfuerzo muy grande. Desde el 2004 invierte un promedio del 3,5% del presupuesto en seguridad y sólo el año pasado cerca de 90 mil millones de pesos. El Alcalde está haciendo la tarea.
Hace muy mal el periódico El Tiempo (07,07) poniendo a Medellín en el ojo del huracán. Primero porque las cifras que usa no son ciertas; segundo, porque oculta el fondo del problema; tercero, porque en vez de ayudar empeora las cosas.
La seguridad urbana es uno de los temas principales de la agenda colombiana.
Esto requiere una atención integral a temas como la economía ilegal, la desmovilización, el blindaje de la policía ante la corrupción, una reforma a la justicia pensada para la nueva criminalidad, mayor responsabilidad de los alcaldes y coordinación entre autoridades locales y nacionales.
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