La aplicación de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, avanza; es decir, las devoluciones de predios siguen su curso, pero la indefensión de los reclamantes frente a las múltiples amenazas, sus limitaciones económicas y su dispersión social también están a la orden del día.
Aún hay un esfuerzo sostenido, a la sombra, de quienes se apropiaron de grandes extensiones de tierra, apoyados en su momento en grupos paramilitares o aprovechados de la estela de sangre y terror que dejaron los "paras", para mantener un clima de inseguridad que obliga a las víctimas a suspender su regreso, a huir de nuevo o a vivir presas del miedo en las parcelas y fincas que recuperan.
Investigaciones recientes de este diario constatan que, por ejemplo, en los Montes de María, departamentos de Sucre y Bolívar, algunos funcionarios se han prestado (antes y ahora) para impedir la verificación de que hubo "compras" de terrenos de mala fe.
Tras el desalojo provocado por masacres pavorosas como las de Pichilín y Colosó, y las de Macayepo y Chengue, se llegaron a adquirir 30 y 60 hectáreas a dos y cuatro millones de pesos. Funcionaron tríadas de negociadores-compradores desde notarías, un instituto gubernamental y particulares capitalistas que consolidaron grandes propiedades pagando sumas miserables a los dueños originales. Contrarreforma agraria a pico de fusil paramilitar.
Pero si por allá hay tempestades, por aquí, igual, no escampa. Hay casos documentados que demuestran que las Farc sí son responsables de despojos y apropiaciones de tierras. En el piedemonte de la Serranía de Abibe, donde opera el Frente Quinto, y en veredas lejanas de Yarumal, norte de Antioquia, donde delinque el Frente 36, la guerrilla ha asesinado a integrantes de familias de pequeños finqueros. Ellos huyen en su duelo y en su miedo y las Farc y sus bases también compran "a huevo" o simplemente se adueñan de los predios.
En 2013, por lo menos cada 15 días hay un asesinato o una amenaza contra reclamantes de tierras. En Urabá, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Caquetá, en Meta, en Arauca, en Antioquia. En la tras escena mantienen activas sus pistolas quienes no quieren devolver lo que se apropiaron ilegalmente o en condiciones ventajosas. Tierras de gran fertilidad, belleza y proyección agroindustrial.
Y en este contexto, la tarea de devolución de predios del gobierno de Juan Manuel Santos se percibe bien intencionada, pero pobre para proteger la vida, honra y bienes de los reclamantes. Es hora de que el Estado desmantele estos "carteles de la tierra" y que ponga tras las rejas a quienes disparan, pero, sobre todo, a quienes dan la orden. El país no resiste más "pueblos en eternas retiradas".
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