La discusión del primer tema sobre tierras se ha extendido más de lo pensado y provocado toda suerte de debates, la participación política de las Farc, si se da su desmovilización, se vislumbra como el pulso fundamental y no menos controversial en la mesa de negociación en Cuba.
Mientras en La Habana los equipos negociadores intentan finiquitar los acuerdos para mejorar el acceso a tierras y el desarrollo agrario, en Bogotá se inició ayer el foro para debatir el tema de la participación política tras un eventual acuerdo de paz con el Gobierno.
De ese espacio participativo, que busca el apoyo social al proceso de paz, deben salir propuestas que serán entregadas el próximo 20 de mayo a los delegados de la guerrilla y el Gobierno para ser tenidas en cuenta en la negociación.
Las garantías para ejercer la actividad política, tanto de espacios de participación como las condiciones de seguridad para los excombatientes serán los asuntos claves en el segundo tema de la agenda de los diálogos de paz.
La discusión que se aproxima tiene el máximo interés para la guerrilla. Así lo considera León Valencia, desmovilizado del Eln y analista del conflicto: "el gran reclamo de la guerrilla para alzarse en armas fue la exclusión política, por encima del tema de tierras, que es una reivindicación de los sectores campesinos que la apoyaron".
Y lo refrendó ayer desde Cuba la delegación negociadora de las Farc, con su tono acusador contra la clase política del país y legitimador de su lucha armada de medio siglo.
"En sin duda la secular cerrazón del régimen político colombiano, caracterizado por su acentuada intolerancia política, su sello oligárquico -y por antonomasia antidemocrático-, el principal causante de que la participación política de fuerzas alternativas se haya tenido que desarrollar por medio de las armas en la lucha legítima de los humildes por acceder al gobierno", dice el comunicado.
A eso se suma la expectativa de varios de los líderes guerrilleros por su propio futuro, quienes "abandonaron universidades y hasta movimientos políticos para seguir una aventura armada dolorosa", dice Valencia.
Una señal de la relevancia del tema fue el refuerzo del equipo negociador de la guerrilla con la llegada de alias "Pablo Catatumbo" a Cuba, hace menos de un mes y procedente de Cauca. El jefe del Bloque Occidental y miembro del Secretariado participó en las fallidas negociaciones de Tlaxcala y Caracas.
Transición a fuerza política
La transición de grupo alzado en armas a fuerza política es el mejor camino que le queda a las Farc, según Jaime Fajardo Landaeta, quien como desmovilizado del Epl en 1991 da fe del acierto de reintegrarse a la vida civil para defender "visiones de Gobierno y la sociedad".
El exasesor de Convivencia y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, sostiene que tras un acuerdo de paz y con base en las nuevas formas de participación, "las Farc podrán escoger entre un nuevo partido político o si se integran a la Marcha Patriótica".
Landaeta recuerda que en el caso del Epl, decidieron dejar las armas cuando la Constitución de 1991 dejó sin argumentos la lucha armada. "En su articulado fue un acuerdo político y de paz, porque acababa con el bipartidismo excluyente, establecía la participación democrática participativa y la descentralización administrativa".
La misma expectativa tiene Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y la primera congresista de ese grupo insurgente, tras su desmovilización en 1990. "Las Farc pueden pasar a la legalidad siempre y cuando abandonen la lucha armada y se den garantías, porque ninguna guerrilla va a dejar las armas y salir a la plaza pública si no hay espacios de participación ni garantías".
Según los desmovilizados, eso significa que también se debe evitar que se repitan fenómenos del pasado como el exterminio de la Unión Patriótica. Muchos sobrevivientes se unieron luego a las Farc.
El jefe guerrillero alias "Andrés París", negociador en Cuba, lo recordó en marzo pasado: "La obra que construyamos en La Habana tiene que ser cuidadosa porque si la U.P la victimizaron y la volvieron los cadáveres del siglo XX, las Farc no pueden dar papaya para convertirse en los cadáveres del siglo XXI".
Pero a esa transición de guerrilleros a actores políticos para detener el derramamiento de sangre en el país le falta un difícil pulso en la mesa de negociación y en la justicia.
Aún no se resuelve el debate jurídico para determinar si los guerrilleros pueden dar el salto de la selva al Congreso sin enfrentar a la justicia por los múltiples crímenes durante el conflicto armado y a pesar de las decenas de condenas de sus máximos jefes.
Conciliar el bien supremo de la paz y una dosis de justicia que no riña con las leyes que prohiben indultos y amnistías por delitos de lesa humanidad polariza al país. La controversia enfrenta no solo al fiscal Montealegre con el procurador Ordóñez, sino a los colombianos que apoyan el proceso de paz y a los detractores que acusan impunidad.
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