El tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE), Colombia y Perú, firmado en junio de 2012, y que tiene el objetivo de acabar con las barreras existentes a la importación y exportación con ambos países andinos, entrará en vigor este jueves en los tres territorios.
La UE es el segundo socio comercial más importante de la región andina y representa un 14,3 por ciento de las operaciones, después de Estados Unidos, según los últimos datos disponibles de la Comisión Europea (CE).
El grueso de las exportaciones de Colombia y Perú son productos primarios, como los agrícolas (38 por ciento) y sobre todo los combustibles y derivados de la minería (54 por ciento).
Las exportaciones de la UE a la región andina son principalmente productos manufacturados, especialmente maquinaría y transporte de equipo (50 por ciento) y productos químicos (19 por ciento).
Los Veintiocho esperan que el TLC favorezca unas condiciones mejores y más estables para el comercio y la inversión entre la UE y la región andina.
La CE ha destacado que el tratado incluye "disposiciones de amplio alcance" sobre el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la aplicación efectiva de los convenios internacionales en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente.
En el TLC se establece además que las organizaciones de la sociedad civil participarán sistemáticamente en el seguimiento de esos compromisos.
Según ha declarado el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, el acuerdo "abre un nuevo capítulo en las relaciones entre la UE y Colombia".
"Espero que las empresas de ambas partes se beneficien plenamente de las numerosas oportunidades que ofrece el Acuerdo. Utilicemos este Acuerdo comercial como trampolín para conseguir una relación más estrecha entre la UE y la región andina", dijo tras su firma hace poco más de un año.
El último escollo para su entrada en vigor era la ratificación por el parlamento colombiano, después de que tanto la cámara en Lima como el Parlamento Europeo hubieran dado ya luz verde.
El pasado 26 de julio, el presidente Juan Manuel Santos, reafirmó la entrada en vigor después de que se firmara el decreto correspondiente a nivel nacional.
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