El hecho de que el proceso que adelanta la Contraloría General de la República contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos , sus dos secretarios de Infraestructura, Mauricio Restrepo y María Cristina Mesa , y consorcios y uniones temporales, por presunto detrimento patrimonial por 18.000 millones de pesos, haya pasado de oral a ordinario, significa que, prácticamente, vuelve a empezar.
Así lo consideró el abogado administrativista David Suárez Tamayo , profesor de Derecho Público de Eafit, quien sostuvo que la oralidad “se presta mucho para errores porque los organismos quieren mostrar resultados rápidos. Casi que se arranca con el auto de imputación fiscal y en este proceso todo el mundo pidió nulidades por considerar acumulación no procedida. Los procesos se acumulan cuando son idénticos, pero aquí son 18 contratos distintos, con contratistas y licitaciones diferentes”.
En el ordinario, cada caso se tratará individualmente, aunque los puede llevar un solo investigador. Empieza con preliminares y, si hay méritos, sigue una investigación. “Si hay suficientes argumentos de hecho, se formula imputación fiscal y viene la defensa”.
Si hubo detrimento patrimonial, el condenado debe reintegrar el dinero.
Suárez estimó que, con un solo implicado, un procedimiento verbal puede durar siete u ocho meses. Y uno ordinario, tres años.
Y manifestó que la opinión pública puede estar tranquila porque el cambio no significa ineficiencia ni una decisión por conveniencia de los implicados, sino, por el contrario, el ordinario “es reposado y más garantista para las partes”.
“Los implicados no estaban condenados ni absueltos y no se habían defendido, solo había hablado la Contraloría”, anotó.
Por correo electrónico, el ente de control explicó que, “a fin de no afectar el debido proceso y el derecho a la defensa”, el contralor delegado intersectorial de la Unidad Especial Anticorrupción, Carlos Alfonso Mayorga Prieto , decretó nulidades sobre la adecuación a trámite verbal.
Como los implicados renunciaron a recursos, el proceso sigue cuando la Contraloría lo disponga.
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