En 2008, el abogado Juan Pablo Venegas Fajardo visualizó un negocio redondo: hurgar en las grandes empresas colombianas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) qué accionistas llevan varias décadas sin cobrar dividendos ni ejercer sus derechos, reclamar judicialmente esos bienes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ganarse como recompensa entre el 10 y el 30 por ciento de tales fortunas.
Venegas Fajardo es un abogado bogotano, proviene de una familia de constructores y su vida laboral ha estado ligada al mercado bursátil. Amigos y excompañeros suyos recuerdan su paso por Correval, Inversionistas de Colombia y Stanford. De esta última pasó a Proyectar Valores, en donde sus excelentes relaciones sociales y personales le facilitaron una gestión exitosa en la negociación de títulos de deuda privada.
El 6 de junio de 2008, siendo comisionista de Stanford, Venegas Fajardo fue al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y dijo que él creía que en 13 grandes compañías existían acciones inactivas, de personas muertas y no reclamadas por herederos, que podrían pasar al Instituto.
La denuncia formal del comisionista fue radicada con el número D-2262. El 17 de marzo de 2009, cuando trabajaba en Proyectar Valores, le reconocieron la calidad de denunciante, mediante Resolución 0926. Posteriormente el ICBF firmó con Venegas el contrato 299-2009, que lo compromete a realizar las acciones judiciales para asegurarle al Instituto esos bienes y gozar de su pago o participación económica.
Venegas Fajardo no habló directamente con El Colombiano, pero sí lo hizo a través de su abogado, Carlos Manrique, quien llamó y confirmó que lo dicho por su cliente es: "yo creo que hay bienes mostrencos y de vocación hereditaria para el ICBF en Fabricato, Coltejer, Argos y un poco más de compañías".
La lista, validada con Manrique, incluye a Suramericana, Bancolombia, Tablemac, Banco de Bogotá, Colpatria, Colinversiones, Corficolombiana, Mineros de Antioquia, Compañía Nacional de Chocolates (hoy Grupo Nutresa) y Acerías Paz del Río.
Inicialmente, Venegas Fajardo se apoyó en Gómez-Pinzón, una de las firmas de abogados más grandes y prestantes del país, pero en diciembre de 2012 contrató a Manrique, quien fue empoderado por la dirección Jurídica del ICBF para que tramite el caso.
-"Ahí comenzó Cristo a padecer", anota el abogado. Una de las razones de su calvario es que, a su juicio, los bancos no tienen interés en que esas acciones se adjudiquen al ICBF. Primero, porque los accionistas inactivos no votan y, segundo, porque los dividendos no cobrados se meten en una cuenta por pagar al cero por ciento de interés, lo cual, al parecer, arroja "una tracanada de plata".
El apoderado del ICBF solicitó a las empresas los listados de esos accionistas inactivos.
"Los bancos me mandaron al carajo, con el argumento de la reserva bancaria", un criterio al que le opone un concepto de la Superintendencia Financiera, según el cual dicha reserva no aplica cuando el que pide la información es el ICBF, por un tema de interés general.
¿Y qué le dijeron las otras empresas?
"Unas me dijeron que no y otras me mandaron los listados".
El Grupo de Inversiones Suramericana recibió el requerimiento de información el 8 de octubre de 2012 -o sea antes de la contratación de Manrique- y respondió que no tiene accionistas cuyos títulos tengan la condición de bienes mostrencos.
Así lo manifestó a este diario su vicepresidente Administrativo, Fernando Ojalvo Prieto, quien añadió que "con relación a las otras compañías del Grupo Empresarial Antioqueño -o sea Bancolombia, Argos, Colinversiones y el Grupo Nutresa- tenemos entendido que no existen acciones judiciales con este propósito".
A Ojalvo Prieto se le preguntó si en las cinco empresas del GEA hay acciones que puedan calificarse como bienes mostrencos, si los mismos deberían ser reportados al ICBF para iniciar el proceso de traslado al Instituto y si, en tal escenario, la compañía denunciante tendría derecho a la participación económica que fija la ley.
El concepto de Ojalvo es que "la información de los accionistas de una sociedad anónima, de acuerdo con lo establecido por el Código de Comercio, es información sujeta a reserva y, por lo tanto, no puede divulgarse. Lo que podemos manifestar es que los accionistas de nuestra compañía ejercen sus derechos a través de su asistencia a la Asamblea General de Accionistas y mediante el cobro de los dividendos. Grupo Sura incentiva el ejercicio de estos derechos a través de diferentes mecanismos con el fin de que todos los accionistas puedan ejercer su carácter de tales.
Grupo de Inversiones Suramericana es una sociedad que propugna por el estricto cumplimiento de la ley, por ende, en caso de presentarse una situación que le genere una obligación legal frente al ICBF, se procederá de conformidad con lo establecido en las normas vigentes".
A peregrinar por notarías
Según Carlos Manrique, Tablemac y Paz del Río le enviaron listados de accionistas que sirven a su causa jurídica, con nombres, en cada caso, de 400 o 500 personas, en los que aparecen números de cédula incompletos o varias personas identificadas con la misma cédula.
El abogado debe acudir a la Registraduría para depurar los listados, determinar quiénes están vivos o muertos, peregrinar por las notarías buscando los certificados de defunción y llevar esas pruebas a un juez, al que, según sus palabras, le debe decir: "estos señores se murieron hace 15 0 20 años, no se hicieron sucesiones y estas acciones, o bienes vacantes, deben adjudicarse al ICBF".
La millonada de Fabricato
Aunque, según Manrique, la denuncia de su cliente se hizo de la manera tan genérica como reporta, sorprende la precisión de las cifras en el caso de Fabricato.
En mayo de 2010 el presidente de la textilera le informó a la Junta sobre el proceso que adelantaba el abogado Venegas Franco en calidad de apoderado del ICBF para la declaratoria de bienes mostrencos de un total de 769.499.039 acciones de la compañía, porque supuestamente sus titulares no han ejercido los derechos por más de 20 años.
Enterada del asunto, la Junta ordenó un estudio detallado para identificar las acciones sobre las que exista alguna duda con relación a sus titulares, "así como un plan para tratar de ubicarlos", un aspecto sobre el cual este diario no obtuvo respuestas de los presidentes de la empresa y de la Junta.
El Colombiano le preguntó sobre el tema al expresidente de Fabricato, Óscar Iván Zuluaga Serna, pero no recibió concepto alguno de él. Igual consulta se elevó a los actuales presidentes de la empresa y de la Junta, Juan Carlos Cadavid Gómez y Gilberto Restrepo Vásquez, respectivamente, y la respuesta que se obtuvo es que se revisarán los archivos y que se consultará con los asesores jurídicos "cuál es el manejo que se le debe dar a la información solicitada y que puede llegar a tener relevancia para los accionistas de la compañía. Por otra parte, le sugerimos comunicarse con el mencionado Dr. Juan Pablo Venegas Fajardo quien podrá también tener información al respecto".
Si los libros de accionistas son "sagrados" o tienen tantas reservas legales, ¿cómo pudo el comisionista de bolsa determinar el número exacto de acciones que podrían ser calificadas como bienes mostrencos? ¿Incurrió el comisionista en uso de información privilegiada o en un presunto conflicto de intereses?
Beatriz Muñoz Calderón, secretaria General del ICBF, afirma que no hay tal conflicto, porque Venegas Fajardo está cumpliendo el mandato legal de informar sobre bienes presuntamente mostrencos o herencias sin dueño. Tampoco habría accedido a información privilegiada, porque, como declaró en la denuncia, bajo juramento y animado por la buena fe, obtuvo esos datos de bases de datos públicas en las superintendencias.
Carlos Manrique también descarta que su cliente haya incurrido en un conflicto de interés, porque la información de estas empresas que se transan en el mercado de valores es pública; porque los presuntos bienes mostrencos los calcularon mirando sobre cuántas acciones pagaban dividendos las compañías y estimando el número de las presuntamente activas sobre las que no se reclamaban tales rendimientos; como el cálculo no aplica para Fabricato, porque no repartía dividendos, simplemente "sacaron el dato de la manga", afirmó Manrique.
De ahí salió el tesoro de los NN, o sea 769.499.039 acciones de Fabricato. Vean por qué:
Con el título ofrecido a 7 pesos en la década de los 80 para salvar a Fabricato, eso significa 4.900 millones de pesos.
A los 95 pesos que llegó a marcar esta especie en la BVC, como consecuencia de la maniobra presuntamente especulativas liderada por Interbolsa y Alessandro Corridori, ese paquete valdría 66.500 millones de pesos.
Y a los 72 pesos que hoy está la acción -suspendida en su negociación en la BVC-, los dueños desconocidos tienen 55.403 millones de pesos.
Carlos Manrique, el apoderado del Instituto, es optimista y cree que en seis años podría terminar el caso. Él, que no sabía que su cliente era comisionista de bolsa cuando presentó la denuncia, tampoco era consciente de que las acciones en juego podrían dejar al ICBF como el segundo accionista de mayor peso en Fabricato, con el 8,36 por ciento de la propiedad. Eso es aún hipotético, porque falta probar que no hay herederos o titulares vivos con derechos.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
