Al imputarles los cargos de daño a recursos naturales y contaminación ambiental a seis exfuncionarios de la compañía Drummond, la Fiscalía General de la Nación señaló que esa multinacional prefirió salvar una de sus barcazas antes que proteger el medio ambiente. Esto por haber arrojado cerca de 600 toneladas de carbón al mar, el 13 de enero de 2013, en Santa Marta.
En audiencia de imputación de cargos la Fiscalía calificó como gravísimo y culposo que se arrojara el carbón al mar y no se tomaran otras medidas para reducir el grave daño ambiental que produce ese hecho.
Según la Fiscalía, no se entiende cómo los directivos de la Drummond no desplazaron a la zona una barcaza vacía para depositar allí el carbón de más que tenía semisumergida la barcaza 115, o porqué tampoco se utilizaron las bombas de emergencia.
"Eligieron salvar la barcaza antes que proteger los recursos naturales", dijo la fiscal del caso al imputar los cargos al superintendente de Operaciones de Puerto Javier Jácome; al superintendente asistente Juan Carlos Flórez; al gerente de Operaciones Marítimas José Luis Velásquez; al supervisor líder de operaciones Pablo Cárdenas; y a los operadores de grúa flotante Juan Carlos Urieles y Raúl Olivella Castillo.
Utilizando fotografías que evidencian el daño ambiental, la Fiscalía refirió que los implicados con la decisión de verter el carbón al mar y, los operarios al cumplir la orden, violaron el plan de contingencia que la multinacional había aprobado para emergencias, así como disposiciones ambientales que indican que cuando se presenten emergencias, primero se debe salvaguardar la vida humana y luego el medio ambiente.
"La orden que se dispusiera carbón mineral en el lecho marino generó un grave daño, afectando los recursos microbiológicos", señaló la Fiscal.
Basados en estudios de biólogos marinos de la Universidad de los Andes, la ANLA y otras autoridades ambientales, se trata de una sustancia nociva para el lecho marino que produjo el aplastamiento de organismos vivos y la afectación de fondos blandos.
La Fiscalía insistió que la multinacional debió ceñirse al plan de contingencia, disponer de bombas y de otras medidas que fueran menos lesivas para el medio ambiente y, por tanto, en su criterio, los implicados también vulneraron el derecho a un medio ambiente sano.
Los procesados no aceptaron los cargos de la Fiscalía y se declararon inocentes.
Camilo Burbano, asesor del Fiscal General, señaló que las penas a las que se enfrentan los procesados van entre los 5 y los 10 años de prisión.
"El Código de Procedimiento Penal impide en estos casos una medida de aseguramiento en delitos culposos porque el mínimo de la pena no da para ello", aclaró Burbano, por lo que los implicados enfrentarán el proceso en libertad.
Burbano dijo que ya se iniciaron otras investigaciones para determinar si en general "la explotación de carbón realizada por la empresa Drummond Ltda, a través de su historia en Colombia, ha generado algún daño de contaminación ambiental que haya afectado también a la salud".
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