Si los que dispararan al aire o se enfrentan con otras personas sin mirar quién hay a su alrededor lo pensaran dos veces una familia del barrio Villarelys de Barrancabermeja no estaría llorando la muerte de su niña de tres años. Un delito que en 2011 dejó 58 personas muertas y 339 heridas, según el reporte de la Policía Nacional.
Las primeras versiones señalan que hombres armados pretendían atentar contra el administrador de un negocio en el que estaba la niña. En medio de la balacera, la menor recibió un disparo en el tórax y falleció en la clínica La Magdalena.
Para el caso de las balas perdidas, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el alto consejero de Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda Mera, recordaron que existen penas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana.
En ella se establece el "disparo sin necesidad" como un delito autónomo, el cual puede tener una sanción de 1 a 5 años de cárcel. A esto se suman las penas por homicidio en caso de que la víctima fallezca o por lesiones personales en caso de resulten personas heridas.
La medida no se aplica
El problema, según Vargas Lleras es que los jueces y fiscales deben imponer sanciones severas a los responsables y se dé un precedente.
A esto se suma otra situación, pues según Lloreda Mera, es necesario que se den acciones conjuntas con los alcaldes para buscar soluciones a los componentes culturales y sociales que llevan a que se presenten este tipo de acciones.
Según la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, de los 120 niños que murieron de forma violenta el año pasado, 60 perdieron la vida debido a heridas sufridas con arma de fuego. Antioquia, encabeza la lista de departamentos con más casos, le siguen Valle, Risaralda y el Distrito Capital.
Crímenes con armas ilegales
Frente a la polémica sobre la conveniencia de la medida de suspensión de porte de armas en diferentes ciudades, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, recordó que buena parte de los crímenes se cometen con armas que entran de forma ilegal para grupos armados.
De ahí que el enfoque de la Fuerza Pública debe ser perseguir a los grupos ilegales. Solo así se puede evitar que accedan a las armas y quitárselas en caso de que las tengan en su poder.
Pinzón también llamó la atención sobre la disminución de armas legales en poder de los ciudadanos en 2011, al advertir que las ventas (a cargo de Indumil, la empresa a cargo del Ministerio de Defensa) bajaron en 42 por ciento frente a 2010.
No obstante, el Ministro de Defensa, pidió a los comandantes de brigada hacer un análisis minucioso de lo que pasa en sus regiones y, previo requerimiento de los mandatarios locales, determinen la conveniencia de autorizar o no el porte armas.
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