Con el propósito de preservar su autoridad moral para hablar de la lucha contra la corrupción, la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) colgó en su página web un estudio que, a la manera de una 'prueba reina', saca a la luz pública uno de los mecanismos de manipulación de las licitaciones de la Gobernación de Antioquia, a través de los ítems representativos.
En lenguaje cotidiano, esto ha sido descrito como un juego de botellón, en el que un grupo de contratistas habría manejado concertadamente sus ofertas, subiendo o bajando el precio de sus propuestas, para asegurar el contrato a una firma previamente señalada.
"El objetivo era desentrañar la maniobra", le manifestó a este diario José Fernando Villegas Hortal, director Ejecutivo de la CCI.
El análisis completo fue presentado por Villegas Hortal en la asamblea gremial, del pasado 10 de marzo. Allí pasó sin reparos y en los días siguientes los afiliados comenzaron a pedir copias. La Junta Directiva del gremio se reunió y definió que lo más conveniente era someterlo al escrutinio público, poniendo una versión en power point a la que se accede en este link: www.infraestructura.org.co/presentaciones.
El documento, titulado "Acompañamiento a licitaciones Gobernación de Antioquia 2009", no trae un solo nombre de los contratistas que habrían incurrido en esas prácticas que la misma agremiación califica de perversas. Pero es un secreto a voces que allí hay afiliados y no afiliados a la CCI. Por eso el informe, además del valor civil que implica su difusión masiva, también tiene cierto aire de confesión ante el resto de la sociedad.
¿Por qué no hay nombres de presuntos implicados? Villegas Hortal, como vocero de la CCI, fue enfático en ese punto: "con el estudio no pretendemos perseguir o acusar a los afiliados, pero sí mostrar un modelo nocivo y manipulable", que durante el 2009 se habría usado en 36 licitaciones de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.
Más allá de los detalles técnicos, que están para examen de los expertos en la materia y los entes de control y fiscalización, se destacan conclusiones que cuestionan la transparencia de los procesos licitatorios:
"La CCI observa que no es conveniente el uso de ítems representativos como criterio de calificación cuando hay información temporalmente oculta relacionada con la evaluación de los ítems y, también, cuando se evalúan con fórmulas que fomentan prácticas que posibilitan distorsionar promedios".
A lo anterior se añaden dos objeciones, planteadas como preguntas: "¿Por qué no se leen los ítems representativos ofertados por todos los proponentes en la audiencia de apertura de las propuestas, si lo único que hace es brindar mayor transparencia a los procesos?
¿Para qué mantener un pliego de condiciones en el que el valor total de la oferta no determina el ganador, siendo los ítems representativos el criterio definitorio?".
Las presuntas fallas que tiene el sistema de los ítems representativos no son atribuibles, exclusivamente, al uso que del mismo hacen las entidades contratantes.
La otra cara de la moneda es la presunta manipulación de esas fórmulas por parte de aquellos contratistas que se han amparado en el presunto cartel de las obras públicas. Y ahí, vale precisarlo, también están involucradas compañías agremiadas por la Cámara Colombiana de Infraestructura.
De hecho, en el testimonio del empresario, que EL COLOMBIANO publica en esta edición (ver página 6A), aparecen como líderes del presunto cartel de la contratación Explanan, Colcivil, Ingevías, Concypa, Mainco, Convial y Provias. De estas siete compañías, los nombres de cinco pueden leerse en el directorio de afiliados de la CCI.
El gremio de la ingeniería documenta el pecado, pero no pone su dedo acusador sobre los presuntos pecadores. No obstante, esa tarea ya la hizo un grupo de tres empresarios que desde hace más de un año viene analizando las fallas en la contratación de la Gobernación de Antioquia y que ahora cuenta con el respaldo de más de 25 firmas.
Su estudio, conocido extraoficialmente por este diario, se titula "Modalidades de asignación de puntajes en las licitaciones de obras públicas de infraestructura en el Departamento de Antioquia, entre los años 2008 a 2010".
En su desarrollo se revisaron 1.328 contratos adjudicados por la Gobernación de Antioquia, entre enero de 2008 y abril de 2010, por valor de 1,3 billones de pesos.
De es gran total, la atención se concentró en las obras públicas adjudicadas en el mismo período, por 382.676 millones de pesos.
En el segmento correspondiente a los ítems representativos, la conclusión es que, de ser cierta, la concertación de los oferentes en esos procesos licitatorios "constituiría un fraude procesal, que dada su vocación de permanencia y perpetración en un número reiterado de eventos comportaría un eventual concierto para delinquir, situación que merece ser puesta en conocimiento de las autoridades respectivas".
De ahí el valor del estudio difundido por la CCI.
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