Es tal el boom por la construcción de microcentrales de energía en el departamento, que sólo en Corantioquia están radicadas 151 solicitudes para desarrollar este tipo de proyectos.
La situación planteada va más allá de copar la capacidad de un equipo de trabajo especializado, y trasciende a fenómenos de acaparamiento que se empiezan a insinuar.
Ello porque existen casos de numerosos pedidos de licencias en cabeza de una sola persona, como el de un empresario que pretende que se le apruebe el desarrollo de 32 proyectos.
"Eso no es fácil para la Corporación", advirtió su director, Luis Alfonso Escobar Trujillo, al comentar que 150 solicitudes de concesiones de aguas o de licencias ambientales son un volumen muy alto solo para los 80 municipios del centro de Antioquia y superan la capacidad de atención inmediata que requieren estos ejercicios.
En derecho, afirma, se pueden hacer todas las solicitudes, pero señala que "hay un cierto sistema de acaparamiento que nos preocupa", inquietud que ya se extiende a nivel presidencial, porque puede generar un desorden en el tema hidroenergético.
¿Y por qué tal demanda? Una de las explicaciones del funcionario es que se presenta una situación coyuntural de orden normativo, porque existe una cantidad de reglas para el acceso a este tipo de procesos y la mayoría de la gente considera que mediante una simple solicitud a la Corporación se adquieren un conjunto de derechos.
Pero hay un hecho cierto y real, puntualiza Escobar: "Estamos sobrepasados en el número de proyectos que es capaz de financiar tanto el gobierno departamental, como de atender de manera técnica y objetiva, sin que entremos en el campo de la negociación de licencias o permisos, que es lo que más nos preocupa".
Esto condujo a decisiones como la creación de una unidad minero-energética que permita sacar los proyectos a la mayor brevedad. Además, a lograr un consenso con los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía para que las decisiones que se tomen en Antioquia se determinen en un contexto no solo regional, sino con perfil nacional.
Con ese propósito se conformó un equipo interdisciplinario que fije reglas claras y ordene el proceso de forma sistemática, en el cual se resuelvan asuntos de tipo normativo, con el fin de impedir el acceso de proyectos que no tengan los recursos suficientes para la atención integral de los mismos.
"No se trata de negociar las normas", sostiene, sino de que se conozcan y que en un documento técnico-jurídico se junten información y reglas de juego claras para que nadie entre en la colisión de considerar que por el simple hecho de solicitar una concesión o licencia, ya se tiene concesionado el proyecto.
El primero bloquea los otros
¿Pero quiénes han presentado los proyectos? El director de Corantioquia destaca que todos los que se tienen son privados, aunque hay algunas solicitudes de municipios, alrededor de antiguas microcentrales en sus territorios.
Ese proceso comienza con una solicitud de estudio, en el que se determina un tramo específico de una fuente y se entrega un permiso por un máximo de dos años al solicitante para que investigue el cálculo hidrológico.
Cuando el inversionista y el equipo técnico tienen la información hidrológica que requiere para los diseños, se puede desatar el procedimiento, pero mientras en esa fuente haya un permiso de estudio vigente, ésta se bloquea por completo.
El que cumpla con los requisitos de la solicitud adquiere un derecho de sostener mínimo por un año y máximo de dos, el proceso de estudio de la microcuenca.
Aquí está una de las debilidades de la normatividad porque, admite Escobar, "esto bloquea a quienes eventualmente ya tenían información sobre la misma y no habían pedido el permiso de estudio".
Lo califica como un primer traumatismo en el proceso, donde puede suceder que hay interesados en bloquear esas fuentes temporalmente para atender el tema de las licencias y entrar en un mercado inconveniente.
Tal vez experiencias recientes y positivas como Agua Fresca, en el río Piedras, en Jericó, aterrizan la avalancha de lo pretendido.
Un proceso con buena ingeniería para un proyecto pequeño, de 8 megavatios como éste, que requiere concesión de aguas, pudo tomarse año y medio y dos años entre la solicitud, estudios y concesión, pero observa que el proceso completo, desde el inicio hasta la generación, fue de siete años.
Esto es teniendo los capitales, la certeza de flujos de caja, asegurándolos en términos de construcción e ingeniería y con respeto a todas las condiciones ambientales.
Por eso juzgó que la tarea es ardua y lo que tiene que ver con la gestión ambiental es complejo, pero que Corantioquia tiene buena información sobre sus fuentes y criterios técnicos para decidir si una solicitud sobrepasa una capacidad específica del medio y con base en ello se pueden tomar decisiones que aseguren el buen manejo del recurso.
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