El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, radicó ayer en la secretaría de la Corte Constitucional, la petición de nulidad a la sentencia que abre la puerta para que se hagan campañas educativas sobre los casos de despenalización del aborto en colegios y escuelas del país.
"La sentencia de tutela (T-388 de 2009) modifica la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual se da cuenta de las tres circunstancias en las que el aborto no se criminaliza, pero lo que hace la tutela es afirmar que el aborto es un derecho", señaló Ordóñez en el texto entregado al tribunal.
Agregó que lo que "estamos pidiendo es que se decrete la nulidad de la sentencia que eleva a la condición de derecho al aborto, lo cual se establecía como un delito no criminalizado".
Pero las pretensiones van más allá, pues para el Procurador una sala de revisión de tutelas no es competente para regular temas como la objeción de conciencia, la cual, añadió, es competencia del Congreso.
Son más de ocho puntos en los que Ordóñez sustentó su petición.
De esta manera, el jefe del Ministerio Público cumplió la palabra dada el 21 de octubre pasado, cuando afirmó que solicitaría la nulidad de la tutela que ordena informar en las instituciones educativas del país, sobre las tres condiciones bajo las cuales la ley ampara la decisión del aborto: violación, malformación del feto y el riesgo de vida de la madre.
Se espera que la próxima semana la Corte inicie el estudio y en los diez días hábiles siguientes, presente el fallo correspondiente.
La polémica sobre el tema se desató la semana pasada, con la decisión de la Corte Constitucional de ordenar al Estado proveer información en los colegios sobre los tres casos en los cuales las mujeres pueden practicarse la interrupción voluntaria del embarazo.
En reciente sentencia, la Corte recordó que las mujeres pueden solicitar a instituciones de salud que les practique abortos en casos en los cuales medie violación, malformación del feto o exista riesgo para la vida de la madre.
Aunque la Corte dio un plazo de tres meses a los Ministerios de Educación y de Protección Social para elaborar un plan nacional de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, resta esperar lo que suceda con la petición de nulidad a la sentencia.
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