En medio del agitado debate electoral que se vive en Bello, municipio señalado por la Misión de Observación Electoral, MOE, como uno de los lugares en los que confluyen los riesgos alto de fraude electoral y violencia para las elecciones del 27 de octubre, las denuncias entre y hacia los candidatos marcan la recta final.
Una de las acusaciones que ha tomado fuerza es que el candidato del Centro Democrático, Óscar Andrés Pérez, no puede participar en política y, por primera vez en la historia de las elecciones en Colombia, un aspirante deberá portar un brazalete electrónico de monitoreo del Inpec y no podrá salir del país.
Estas medidas se dan en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos celebrados cuando Pérez ejerció como alcalde entre 2008 y 2011.
Los bellanitas Alberto de Jesús Alzate Correa y Rodrigo de Jesús Múnera Zapata, quienes se identificaron como veedores ciudadanos, son los que se han encargado de hacer la denuncia. En diálogo con EL COLOMBIANO expresaron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, (fallo al que tuvo acceso este diario) deja en firme la decisión del 30 enero de 2019 emitida por la Juez Segunda Penal Municipal en la que se toman las medidas cautelares mencionadas.
“Necesitamos que todo el mundo se concientice que están actuando muy mal, están manipulando al municipio. Necesitamos que el Inpec cumpla con la medida de ponerle el brazalete electrónico”, expresan Alzate y Múnera, quienes además advierten que en la última audiencia para definir la situación jurídica de Pérez, el juez omitió la decisión de la CSJ y ratificó que debe usar el brazalete, no salir del país pero sí puede participar en política.
En su sede de campaña, ubicada a una cuadra del Parque Principal, Óscar Andrés Pérez respondió a las denuncias. El aspirante explicó que eso es un ataque de los opositores, y reseñó que es investigado hace 12 años porque fue ordenador del gasto público y la investigación está relacionada con un contrato de 180 millones de pesos en el 2009-2010 con el Consejo Municipal de la Juventud.
“Me habían dado unas medidas cautelares el 30 de enero de 2019 pero las levantaron en junio de este año. Estas medidas cautelares son ilegales porque me estaban coartando mis derechos políticos sin ser condenado. Me las levantan y yo me puedo inscribir como candidato. Yo hoy no tengo ninguna prohibición”, aseveró Carlos Andrés Pérez.