La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, emitió un comunicado en el que expone su posición sobre la posible sanción que la Superintendente de Industria y Comercio, SIC, impondría a la entidad por la investigación sobre rácticas anticompetitivas.
En ocho puntos, la entidad expone su opinión sobre la investigación y la solicitud de sanción que la Delegatura le sugirió a la SIC. Además hizo un llamado a la Superintendencia para que revise con detenimiento y objetividad todas las actuaciones surtidas, las pruebas aportadas por las defensas y los graves vicios procesales que han sido denunciados”.
Hay que recordar que además de la posible sanción para la entidad, la sugerencia es que, entre los posibles sancionados, también se incluya a los dos expresidentes de Dimayor Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo; mientas que el actual presidente Carlos Mario Zuluaga ha sido vinculado, pero de su tiempo como representante legal de La Equidad.
¿Cuáles son los puntos que expone la Dimayor en su comunicado?
La Dimayor expuso:
1. La emisión del informe motivado es una etapa más dentro de un proceso extenso y complejo y no significa, en modo alguno, una sanción a los investigados dentro del trámite. Son malintencionadas estas afirmaciones en tanto que aún faltan varias etapas procesales a surtirse dentro del trámite.
2. Mantenemos la firme convicción y confianza en que, una vez el Consejo Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Señora Superintendente de Industria y Comercio realicen una lectura detallada y ponderada de las observaciones a este informe se desestimarán en su totalidad los cargos formulados.
3. Es imperativo recordar que la industria del fútbol profesional colombiano ha enfrentado, en menos de cuatro años, tres investigaciones de gran envergadura por parte de la SIC. Ninguna otra industria ha sido sometida a este nivel de escrutinio. Con todo, las posibles sanciones derivadas de estos procesos podrían condenar a la liquidación a la gran mayoría de los clubes de fútbol investigados, afectando gravemente la estabilidad y el futuro de nuestro deporte nacional.
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4. Tal como se ha manifestado reiteradamente desde la primera audiencia del presente trámite, expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que la Superintendencia para la Protección de la Competencia ha administrado este proceso desde su apertura en el año 2021. Hemos señalado diversas irregularidades y actuaciones que, a nuestro juicio, no se compadecen con las garantías procesales que deben primar en cualquier investigación administrativa.
5. Reiteramos que las Garantías que en su momento fueron ofrecidas por varios investigados y aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio de la época, las cuales estaban diseñadas para promover el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol profesional y, fundamentalmente, beneficiar a los jugadores, fueron ilícitamente revocadas mediante la Resolución No. 44684 de 2023. Esta revocatoria, a nuestro entender, carece de fundamento sólido y perjudica los esfuerzos por encontrar soluciones concertadas.
6. Es motivo de grave inquietud que, hasta la fecha, la SIC no haya resuelto problemas sustanciales y graves del trámite procesal. Los investigados aún no contamos con un acceso integral, completo y oportuno al expediente. De hecho, algunos de los investigados solo pudieron tener acceso parcial al expediente mucho tiempo después de haber vencido el plazo legal para la presentación de los descargos y la solicitud de pruebas, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa y al debido proceso.
7. Subrayamos que, a la fecha, y tras una larga investigación, no se ha probado nada nuevo que sustente las acusaciones iniciales de un supuesto acuerdo. El informe motivado publicado reconoce que solo hay un par de comunicaciones aisladas y no existe ningún elemento de juicio o prueba, que soporte la acusación de la SIC. La Delegatura parece no se tomó el trabajo de examinar los miles de documentos, archivos, pruebas documentales, periciales, testimonios, ni ningún argumento o prueba aportadas por los clubes y personas naturales investigadas, llegando, básicamente, a las mismas conclusiones del pliego de cargos original. Esto se ha hecho sin un examen riguroso y objetivo de las pruebas de descargo y, lo que es más grave, en aparente violación del debido proceso que debe regir estas actuaciones.
8. Adicionalmente, resulta alarmante y completamente inaceptable en un estado de Derecho, que la SIC haya entregado, vía correo electrónico, la versión reservada del expediente a terceros ajenos al proceso. Estos terceros, a su vez, lo pusieron a disposición del público en general, exponiendo datos personales sensibles de las personas naturales investigadas, de testigos, y muchas otras personas ajenas a la investigación. Esta actuación no solo contraviene las normas de reserva procesal y protección de datos personales, sino que evidencia una falla grave en la custodia de información sensible por parte de la entidad. Es inaceptable que cada actuación de la SIC en este proceso parezca violar de forma cada vez más gravosa los derechos fundamentales de los investigados.
