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Un proyecto de ley busca acabar con la precarización laboral que ha perseguido históricamente a los músicos y artistas del país. Este miércoles se aprobó en primer debate de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de Bogotá el proyecto Ley de la Música, encabezado por los representantes Juan Carlos Losada y Daniel Carvalho en compañía con la Mesa Nacional de Músicos y el Sindicato Mússico (Músicos Sindicalizados de Colombia). La iniciativa, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional y el Ministerio de Cultura, que dirige Patricia Ariza, contempla la realización de un capítulo centrado en las músicas ancestrales y comunitarias.
Hasta el momento se han llevado a cabo diversos diálogos y encuentros nacionales de músicos en escenarios como el Teatro Pablo Tobón de Medellín y el Teatro Colón de Bogotá, entre otros, así como audiencias públicas en las que se han inscrito unas 320 personas que han entregado sus aportes sobre las necesidades del sector. Igualmente, se han recogido los comentarios enviados en el sitio web www.leydelamusica.co, y los gremios, organizaciones e instituciones han contribuido enviando 22 documentos para mejorar el artículo, según informó el Congreso de la República en un comunicado.
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De acuerdo con el Abc de la Ley de la Música, “cerca del 70 % de proyectos de leyes culturales naufragan sin convertirse en Leyes de la República por falta de voluntad política, de rigor técnico o de tiempos en la agenda legislativa”. Guillermo Zapata, quien preside el Sindicato Mússico, dice que anteriormente se han presentado alrededor de siete proyectos de ley que terminaron “hundiéndose por aspectos técnicos y otros”.
Con el apoyo político del ejecutivo se espera que sea distinto. “Este proyecto nace del deseo histórico del sector. Se conformó con las movilizaciones sociales de los últimos tres años, con organizaciones de múltiples sectores y del activismo cultural y musical”, explica Zapata, también vocero de la Mesa Nacional de Músicos.
“El espíritu de la Mesa nacional del Músico, del ministerio y de los congresistas que están apoyando la iniciativa es que sea construida con la participación del sector y que esté a la medida de sus necesidades”, subrayó Zapata.
Tras el debate de este 14 de diciembre, el proyecto de Ley tiene un año más de vida. En 2023 se realizarán dos debates más y continuarán haciéndose ajustes siguiendo una ruta de participación conjunta, que incluye a los músicos comunitarios, con quienes la cartera ministerial ha liderado “una tarea ardua de ir a las regiones, donde las prácticas ancestrales mantienen viva la música y la cultura de sus comunidades”.
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El Ministerio de Cultura, de acuerdo con Guillermo Zapata y el representante Daniel Carvalho, propondrá la creación de un Estatuto del Artista en los próximos meses. “Con este proyecto se pretende impactar positivamente los problemas de precariedad laboral e informalidad que son tan frecuentes y constantes en los oficios de la cultura”, dijo Carvalho a EL COLOMBIANO.
Con la Ley también se pretenden resolver otros problemas puntuales del sector musical, como el transporte de instrumentos, los mínimos de participación en eventos y festivales y la formalización de los establecimientos de música en vivo. Los ejes principales del proyecto contemplan además la creación de un fondo para el fortalecimiento del ecosistema musical, exención de IVA a elementos musicales y auxilio de intermitencia para trabajadores del campo.
Estos ejes centrales son conscientes de la “desfinanciación”, como afirma Zapata, que padecen los trabajadores al recibir contratos inciertos y “al destajo”. Tal es “el escenario común en el que nos movemos los músicos nacionalmente. Queremos, por eso, generar proyectos más claros respecto al tema de la dignificación laboral”, dice Zapata.
Otros de los reclamos realizados en las audiencias públicas tienen que ver con las “políticas diferenciales para las mujeres, personas en situación de discapacidad y las comunidades étnicas”, apuntó Daniel Carvalho. Todas esas solicitudes han sido incluidas en el proceso de esta Ley, que aspira a ser más participativa que otros proyectos de índole similar como la Ley de Cine, y a fortalecer programas y políticas ya existentes en los Ministerios de Cultura y Educación para el financiamiento del sector.